La controversia se originó tras la presentación de dos acciones de tutela contra la DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), por presuntas vulneraciones relacionadas con el acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos. Ambas acciones están vinculadas al proceso de selección para el empleo Analista V, código 205, grado 5, OPEC 198223, y cuestionan la aplicación y agotamiento de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución 10808 de mayo de 2024. El conflicto surgió por la remisión de uno de los juzgados penales del circuito con función de conocimiento de Medellín al juzgado penal del circuito especializado con función de conocimiento de Cúcuta, en aplicación de las reglas para tutelas masivas establecidas en el Decreto 1834 de 2015. Este último juzgado no aceptó la acumulación y devolvió el expediente, argumentando la falta de identidad estricta en causa y objeto entre las acciones de tutela. Ante la negativa, el juzgado de Medellín declaró su falta de competencia y solicitó a la Corte Constitucional resolver el conflicto, dada la existencia de identidad sustancial de sujeto pasivo, causa y objeto entre las acciones. La Sala Plena asumió el estudio del conflicto en atención a los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela.

Análisis de la Corte Constitucional

En su análisis, la Corte ratificó que en materia de tutela existen tres factores de competencia: territorial, subjetivo y funcional. Además, recordó que el Decreto 1834 de 2015 busca evitar efectos disímiles en casos masivos que persiguen la protección de los mismos derechos fundamentales frente a una sola acción u omisión. Al...