Antecedentes del caso

La acción de tutela original fue interpuesta por una trabajadora contra una entidad estatal de salud, debido a la no renovación de su contrato de prestación de servicios, situación que encubría una relación laboral. Además, denunció hechos de presunto acoso laboral y sexual, y alegó discriminación por ser madre cabeza de familia y miembro de la junta directiva sindical. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-266 de 2024, reconoció la vulneración de derechos fundamentales como la vida digna, el trabajo y el derecho a un ambiente laboral libre de violencia. En consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, el reintegro a un empleo vacante con funciones similares y la implementación de un protocolo de prevención y actuación frente a denuncias de acoso laboral y sexual, además de capacitaciones para todo el personal. También se declaró discriminatorio el despido debido a la denuncia previa de acoso, estableciendo un período mínimo de reintegro de seis meses.

Solicitud de incidente de desacato y trámite procesal

Posteriormente, la trabajadora solicitó la apertura de un incidente de desacato argumentando incumplimientos en el pago de salarios, prestaciones sociales, irregularidades en seguridad social y limitaciones en sus condiciones laborales tras el reintegro. Diversas solicitudes y reportes fueron presentados ante la Corte, y el juzgado con competencia para control de garantías informó sobre la apertura formal del incidente y remitió un informe detallado del cumplimiento de las órdenes.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte recordó que el cumplimiento de sentencias de tutela es un imperativo constitucional y que existen mecanismos procesales para garantizarlo, incluido el incidente de desacato...