Antecedentes del caso

El conflicto de jurisdicciones tuvo su origen en una demanda ejecutiva presentada por el Instituto de Vivienda Municipal de Aguazul (IVIMA) contra una ciudadana, relacionada con el incumplimiento de un pagaré derivado de un contrato de mutuo para la compra de un inmueble. El Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Aguazul libró mandamiento de pago y ordenó medidas cautelares, pero posteriormente declaró su falta de competencia y remitió el caso al Juzgado Administrativo de Yopal. Este último, a su vez, declaró la falta de jurisdicción y planteó un conflicto negativo de competencia, enviando el expediente a la Corte Constitucional.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia para resolver conflictos entre jurisdicciones, analizó los presupuestos necesarios para que exista tal conflicto: subjetivo, objetivo y normativo. Si bien se acreditó el presupuesto subjetivo, al estar involucradas autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, no se cumplió el presupuesto objetivo, pues el proceso ejecutivo ya había sido resuelto mediante auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, condenó en costas y ordenó la liquidación del crédito y remate de bienes. De acuerdo con la jurisprudencia vigente y el Código General del Proceso, el proceso ejecutivo finaliza cuando el juez profiere el auto de seguir adelante con la ejecución, el cual no admite recurso. En consecuencia, no existía un conflicto jurisdiccional vigente para resolver.

Decisión y consecuencias

La Sala Plena decidió declararse inhibida para pronunciarse sobre el conflicto de jurisdicciones planteado. Ordenó remitir el expediente al Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Aguazul para lo de su competencia y para que comunique la decisión a...