Antecedentes y proceso judicial

En octubre de 2019, una persona con movilidad reducida presentó demanda de responsabilidad civil extracontractual contra dos entidades prestadoras de salud, por perjuicios derivados de una osteomielitis grave atribuida a fallas en el servicio médico domiciliario. Inicialmente, la jurisdicción civil admitió la demanda y tramitó el proceso, mientras que distintas entidades fueron llamadas en garantía. Posteriormente, surgieron cuestionamientos sobre la competencia jurisdiccional debido a la naturaleza pública o privada de las entidades involucradas. En 2020 y 2021, el juzgado civil remitió el expediente a la jurisdicción administrativa, y esta última propuso un conflicto negativo de competencia. En 2022, la Corte Constitucional resolvió que correspondía al juzgado civil conocer la demanda, basándose en que la demanda estaba dirigida contra sociedades privadas. Sin embargo, en febrero de 2026, el juzgado civil declaró su falta de jurisdicción, argumentando un cambio en la composición accionaria de una de las entidades demandadas que la convirtió en entidad pública, por lo que remitió el caso a la jurisdicción administrativa. Esta vez, el juzgado administrativo propuso un nuevo conflicto negativo de competencia, fundamentado en el principio de perpetuación de la jurisdicción, que busca preservar la seguridad jurídica y la confianza legítima de las partes.

Análisis de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional recordó que para configurar un conflicto entre jurisdicciones deben cumplirse tres presupuestos: subjetivo (que exista controversia entre autoridades de distintas jurisdicciones), objetivo (que la controversia se origine en un proceso judicial en curso) y normativo (que las autoridades involucradas hayan manifestado argumentos claros y jurídicos para reclamar o rechazar competencia). En el caso analizado, se cumplían los...