Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por la personera municipal de un municipio del Huila, actuando como agente oficiosa de un niño, contra el municipio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por supuesta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la unidad familiar, la integridad psicológica y el interés superior del niño. En concreto, se cuestionó la reubicación del menor en un hogar sustituto sin una resolución motivada que ordenara su retiro del medio familiar. Inicialmente, el Juzgado Único Promiscuo Municipal del municipio remitió el expediente a los jueces del circuito de Neiva según reglas de reparto. El Juzgado Administrativo de Neiva, tras recibir el caso, decidió remitirlo al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva y propuso un conflicto negativo de competencia, argumentando que la tutela involucraba funciones jurisdiccionales de la comisaría de familia, por lo que el tribunal superior sería competente. Por su parte, la Sala Tercera de Decisión Penal del Tribunal Superior sostuvo que la comisaría de familia ejercía funciones administrativas y no jurisdiccionales, por lo que correspondía a los jueces del circuito conocer la tutela. Ante esta discrepancia, remitieron el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte recordó que, en materia de tutela, existen tres factores de competencia: territorial, subjetivo y funcional. Además, señaló que las reglas de reparto contenidas en decretos recientes no constituyen factores de competencia, sino pautas para asignar expedientes, y no pueden ser invocadas para declarar incompetencia o conflictos negativos. En este caso, la Corte concluyó que el Juzgado Administrativo de Neiva no...