Antecedentes del caso

Un ciudadano presentó una acción de tutela contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, argumentando que las medidas cautelares de embargo inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria de sus bienes tenían vigencia de diez años, según la Ley 1579 de 2012, por lo que solicitó la cancelación de dichas anotaciones al cumplirse ese plazo. Al no recibir respuesta, consideró vulnerados sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia y derecho de petición. El Juzgado Penal Municipal con función de control de garantías, inicialmente encargado del caso, declaró su falta de competencia basándose en reglas de reparto y remitió la tutela a los juzgados del circuito. Posteriormente, un juzgado administrativo del circuito planteó un conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para su resolución.

Decisión de la Corte Constitucional

La Corte recordó que, en materia de tutela, la solución de conflictos de competencia corresponde en primera instancia a las autoridades judiciales establecidas por la Ley 270 de 1996, y que su intervención es residual, reservada para casos en que no exista una autoridad clara o se requiera garantizar celeridad y eficacia en la protección de derechos fundamentales. Además, la Corte enfatizó que las disposiciones de los decretos que establecen reglas de reparto no constituyen reglas de competencia y no pueden ser utilizadas por los jueces para declararse incompetentes o para plantear conflictos negativos. Estas reglas de reparto solo orientan la asignación interna de los casos, pero no limitan la competencia constitucional para conocer acciones de tutela. En consecuencia, la Sala Plena determinó que el Juzgado Penal...