Contexto y antecedentes

La Corte Constitucional revisó dos casos en los que la UNP modificó las medidas de protección asignadas a personas catalogadas dentro de la población objeto de protección por ejercer liderazgo social y defensa de derechos humanos. En el primer caso, la entidad redujo un esquema de protección pese a que el nivel de riesgo se mantuvo como extraordinario. En el segundo, la UNP recalificó el riesgo de extraordinario a ordinario y finalizó las medidas de protección, sin considerar el desplazamiento forzado sufrido por el beneficiario ni su situación de vulnerabilidad.

Fallas detectadas en la actuación de la UNP

La Corte encontró que la UNP incumplió el deber de motivación de sus decisiones, debido a que: - Fundó parcialmente sus actos en la falta de avances en las investigaciones penales, traslada la carga probatoria a los solicitantes. - Omitió valorar hechos que configuran amenazas directas e individualizables, como la presencia de grupos armados y materialización del riesgo mediante desplazamientos forzados. - No consideró adecuadamente la exposición pública y el riesgo inherente a la labor de liderazgo y defensa de derechos humanos. - No precisó el puntaje asignado a cada variable de la matriz de calificación ni el porcentaje ponderado del nivel de riesgo en sus actos administrativos. - No justificó la idoneidad y eficacia de las medidas adoptadas para prevenir la materialización del riesgo. - No aplicó el enfoque diferencial y de género correspondiente, omitiendo analizar los riesgos específicos que enfrentan las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

Decisiones y órdenes de la Corte

La Sala revocó las sentencias que negaron el amparo y amparó los derechos fundamentales...