La acción de tutela en cuestión fue instaurada tras la imposición de un comparendo por estacionamiento en sitio prohibido y una medida cautelar de embargo sobre productos financieros del ciudadano involucrado. Aunque se suscribió un acuerdo de pago con el Instituto de Movilidad de Pereira y se levantó formalmente la medida cautelar, la cuenta bancaria continuaba afectada, motivo por el cual se solicitó la protección de derechos fundamentales como el debido proceso y el mínimo vital.

Antecedentes y trámite procesal

El juzgado de primera instancia requirió la ratificación de la presentación de la acción y la acreditación de legitimación activa, dado que el escrito de tutela no estaba firmado por el accionante y contenía datos de contacto y membrete de una oficina de abogados. Tampoco se allegó poder que autorizara a un apoderado para presentar la tutela en nombre del titular. Ante la falta de respuesta del accionante y de la oficina de abogados, el juzgado declaró la improcedencia de la acción por falta de legitimación activa. Durante la revisión, la Corte Constitucional decretó pruebas de oficio para esclarecer la legitimación, solicitando información al ciudadano, a la entidad financiera y al juzgado. La entidad financiera confirmó que los productos financieros ya no estaban embargados y el juzgado informó sobre las notificaciones realizadas. Sin embargo, no se recibieron respuestas que acreditaran la legitimación activa.

Consideraciones sobre legitimación activa

La Corte recordó que la legitimación activa es un requisito esencial para la procedencia de la acción de tutela, que debe ser ejercida por el titular de los derechos fundamentales o por un representante legal, apoderado judicial, agente...