Tipo de acuerdo, entidades firmantes y fecha

El Acuerdo 069 de 2026, firmado el 30 de junio de 2026 y publicado en el Diario Oficial No. 53.554 el 15 de julio de 2026, es un acto administrativo municipal/distrital emitido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD). Este consejo ejerce facultades legales conferidas por el Decreto 4801 de 2011, entre otras normas, para definir criterios generales que guían el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la restitución de tierras.

Objeto y finalidad del acuerdo

El acuerdo tiene por objeto derogar el Acuerdo 054 de 2023 y establecer nuevos criterios generales para la implementación y ejecución del Programa de Proyectos Productivos Estratégicos de la Unidad. Su finalidad principal es garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales emitidas por jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, incorporando un enfoque integral que atienda las dimensiones socioambientales, económicas, culturales y colectivas de la reparación a las víctimas. Este marco busca fortalecer la reparación integral de núcleos familiares, sujetos colectivos y segundos ocupantes, promoviendo proyectos productivos sostenibles que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y al desarrollo rural y urbano.

Ámbito de aplicación

El Acuerdo aplica en todo el territorio colombiano bajo la competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para la atención de beneficiarios individuales y colectivos de sentencias de restitución de tierras, así como a segundos ocupantes reconocidos judicialmente. Se contempla la implementación de proyectos tanto en predios rurales como urbanos, incluyendo áreas de especial interés ambiental.

Principales disposiciones y compromisos

El Acuerdo define un conjunto de criterios generales y enfoques que orientan el programa, entre ellos:

• Igualdad y no discriminación: implementación sin distinción de género, identidad cultural, raza o condición social.
• Integralidad: inclusión de aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, culturales y comerciales en todas las fases del proyecto.
• Enfoques diferenciales, de género, cultural, ambiental y territorial: que promueven la participación activa y el reconocimiento de las particularidades de los beneficiarios.
• Participación y representación: elección de representantes del núcleo familiar o sujeto colectivo para conformar comités operativos y de seguimiento.
• Montos y recursos: asignación de incentivos económicos no reembolsables con topes máximos establecidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), diferenciados para proyectos rurales y urbanos.
• Fases del proyecto: diseño, implementación, acompañamiento técnico integral, seguimiento y cierre, con plazos definidos para cada etapa.
• Mecanismos de seguimiento: establecimiento de comités de seguimiento a nivel territorial para evaluar el cumplimiento y materialización de las órdenes judiciales.
• Articulación interinstitucional: coordinación con entidades como UARIV, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia para la Renovación del Territorio, y autoridades territoriales.
• Incorporación de economía solidaria y comunitaria: especial énfasis en proyectos productivos para sujetos colectivos, promoviendo la asociatividad y la sostenibilidad.
• Reconocimiento de la economía del cuidado: atención especial a las mujeres rurales en el diseño e implementación de proyectos, en cumplimiento de la Ley 2462 de 2025.

Impacto potencial del acuerdo

Este Acuerdo representa un avance significativo en la política pública de restitución de tierras en Colombia, al establecer un marco normativo claro y actualizado para la implementación de proyectos productivos estratégicos que no solo reparan individualmente a las víctimas, sino que también abordan las afectaciones colectivas y territoriales. La inclusión de enfoques agroecológicos y sostenibles favorece la conservación ambiental y la gestión responsable de los recursos naturales. Además, la promoción de la participación comunitaria y la economía solidaria contribuye a la reconstrucción del tejido social y a la generación de ingresos dignos para las familias y colectivos afectados por el conflicto armado. La incorporación explícita de la perspectiva de género y cuidado rural fortalece la equidad y la justicia social en el ámbito rural y urbano.

Fundamento legal y contexto

El Acuerdo se sustenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, incluyendo los artículos 7° y 8° de la Constitución Política, la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la Ley 2462 de 2025, y el Decreto 4801 de 2011. Además, incorpora lineamientos internacionales como el marco de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal y políticas públicas nacionales de agroecología. Este acto administrativo responde a la necesidad de actualizar y fortalecer el marco normativo para la atención integral a víctimas, en consonancia con precedentes judiciales y políticas públicas vigentes.

Mecanismos de seguimiento y evaluación

El Acuerdo establece la creación de Comités de Seguimiento a nivel territorial encargados de monitorear el cumplimiento de las órdenes judiciales y la ejecución de los proyectos productivos. Además, el Equipo Técnico de Proyectos Productivos es responsable del diseño, implementación y acompañamiento integral a los beneficiarios, asegurando la correcta ejecución financiera y técnica. Se prevén informes periódicos a las autoridades judiciales para garantizar la transparencia y efectividad del programa.

Conclusión

El Acuerdo 069 de 2026 configura un marco normativo robusto para la implementación de proyectos productivos estratégicos en el proceso de restitución de tierras en Colombia. Su enfoque integral, sostenible y participativo busca garantizar una reparación efectiva y duradera para las víctimas, fortaleciendo el desarrollo rural y urbano en armonía con el medio ambiente y las dinámicas comunitarias. Su aplicación impactará positivamente en la consolidación de derechos y en la transformación social de las zonas afectadas por el conflicto armado, contribuyendo así a la construcción de una paz estable y duradera en el país.