La CRA respondió a una solicitud de orientación sobre la posibilidad de que una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios atienda simultáneamente la cabecera municipal y una zona rural, aplicando esquemas diferenciados en cada área.

Viabilidad de aplicar esquemas diferenciales en zona rural

Los esquemas diferenciales para servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales están regulados principalmente por el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1898 de 2016, además de disposiciones tarifarias contenidas en la Resolución CRA 943 de 2021. Estas condiciones se justifican cuando existen limitaciones técnicas, operativas o de infraestructura que dificultan cumplir los estándares convencionales. En este contexto, si una zona rural como la vereda Tierra Grata está identificada como suelo rural según el instrumento de ordenamiento territorial municipal y presenta las condiciones normativas, el prestador podrá adoptar un esquema diferencial, siempre que cumpla con los requisitos regulatorios, técnicos y procedimentales vigentes.

Coexistencia de esquemas convencionales y diferenciales

Un mismo prestador puede operar bajo condiciones convencionales en la zona urbana y condiciones diferenciales en la zona rural del mismo municipio. Esta coexistencia no habilita automáticamente la fijación de tarifas independientes para cada zona. El tratamiento tarifario debe sujetarse a la metodología vigente, la definición del Área de Prestación del Servicio (APS) y las reglas regulatorias específicas.

Requisitos para la adopción del esquema diferencial

Para formalizar el esquema diferencial, el prestador debe: - Verificar que la zona corresponde a suelo rural según el plan de ordenamiento territorial. - Identificar las condiciones diferenciales específicas que justifican el esquema (por ejemplo, calidad del agua, continuidad del servicio o micromedición). - Formular un plan de gestión con acciones, metas, plazos y fuentes de financiación para avanzar progresivamente hacia los estándares. - Incorporar las condiciones diferenciales en el contrato de condiciones uniformes y realizar los reportes exigibles ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. - Aplicar la metodología tarifaria vigente, considerando regulaciones específicas para esquemas diferenciales rurales. Además, debe contar con las concesiones, permisos y autorizaciones ambientales y sanitarias correspondientes, definir y reportar correctamente el APS, garantizar la participación e información a los usuarios y cumplir las obligaciones de reporte ante las autoridades competentes.

Metodología tarifaria aplicable

La metodología tarifaria depende del ámbito y tamaño del prestador. Para pequeños prestadores (hasta 5.000 suscriptores en área urbana o que operen en zonas rurales), se aplicará la metodología establecida en la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. Para grandes prestadores, regirá la Resolución CRA 1032 de 2026, con sus respectivos mecanismos y reglas de transición. La definición del APS es fundamental, pues los costos económicos de referencia y tarifas se calculan por servicio y por APS. La aplicación de condiciones diferenciales en zonas rurales debe armonizar con la metodología tarifaria vigente, sin que ello implique la creación automática de tarifas separadas para cada zona. En caso de que la metodología tarifaria no permita garantizar los criterios del régimen tarifario, el prestador puede evaluar mecanismos regulatorios para solicitar modificaciones específicas en la fórmula tarifaria. En conclusión, la CRA considera jurídicamente viable que un prestador evalúe la adopción de condiciones diferenciales en zonas rurales dentro de un municipio, aun cuando también atienda la cabecera municipal bajo condiciones convencionales, siempre que se cumplan los requisitos normativos y regulatorios. Para información adicional o asesoría en materia tarifaria, la CRA pone a disposición sus canales de atención para apoyar a los prestadores y usuarios en la adecuada implementación de estos esquemas. De esta manera, se busca garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios públicos en todo el territorio.