Contexto y solicitud de postergación

Varias empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, incluyendo una empresa de servicios públicos de Casanare, manifestaron dificultades técnicas, operativas y presupuestales para cumplir con las obligaciones derivadas del nuevo marco tarifario que debía entrar en vigor el 1 de julio de 2026. Estas empresas solicitaron a la CRA postergar la fecha de aplicación obligatoria para contar con recursos y superar restricciones en contratación pública.

Análisis y decisión de la CRA

La CRA, a través de sus equipos técnicos y jurídicos, realizó un análisis detallado de las razones presentadas y concluyó que la postergación no es viable. La entidad resaltó que el cronograma responde a la necesidad imperativa de garantizar la suficiencia financiera y la eficiencia en la prestación del servicio bajo los nuevos estándares de calidad, objetivos que no admiten retrasos adicionales sin afectar el equilibrio económico del sector. Además, recordó que la metodología vigente en la Resolución CRA 688 de 2014, que será sustituida, tiene una vigencia hasta el 30 de junio de 2026, por lo que cualquier tarifa aplicada después de esa fecha sin actualizar la fórmula carecería de sustento normativo y regulatorio.

Periodo de implementación gradual

La CRA explicó que el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026 se considera un periodo de inicio o transición, en el cual no se aplicarán de forma plena e inmediata todos los instrumentos del nuevo marco tarifario. Durante este lapso, los prestadores deben realizar los estudios técnicos y ajustes necesarios para implementar gradualmente la metodología. A partir de 2027 iniciará...