La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico emitió una respuesta formal a un requerimiento de información relacionado con el proyecto de resolución que modifica el título correspondiente a la metodología tarifaria para el servicio público de aseo en áreas urbanas con más de 5.000 suscriptores. En la misiva, se aclara que la entidad solicitante no hizo parte de la muestra encuestada para la elaboración del estudio y que, por tanto, no es necesario que remita información adicional.

Inversiones y vidas útiles de vehículos

Se detallan los valores adoptados para la estimación de costos de vehículos utilizados en la recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables. El valor del chasis fue fijado en $557.805.383, el de la caja compactadora en $255.022.028 y el de la motocicleta en $8.873.137, todos basados en cotizaciones de mercado contenidas en el Estudio de Recolección y Transporte (Anexo 15). La actualización a pesos de diciembre de 2024 se hizo usando la tasa representativa de mercado, dado que gran parte de la tecnología corresponde a bienes importados. Respecto a las vidas útiles, se adoptó una vida útil de 120 meses para el chasis (96,76 meses en zonas costeras), 60 meses para la caja compactadora (51,11 meses en zonas costeras) y 96 meses para la motocicleta. Estas cifras se basan en cotizaciones de mercado y en factores técnicos derivados de encuestas y estudios previos, superando las vidas útiles reconocidas en normativas anteriores como la Resolución CRA 720 de 2015. El porcentaje regulatorio de vehículos de respaldo se mantuvo en 10 %, conforme a la metodología vigente en la Resolución CRA 720 de 2015.

Base de operaciones y metodología estadística

El modelo tarifario considera una muestra consolidada y validada de 401 observaciones de prestadores, distribuidas en diferentes segmentos según tamaño y características. Para el cálculo de promedios y parámetros, se aplicaron criterios rigurosos de depuración estadística, utilizando herramientas como Stata y Power Query, y métodos como boxplot para identificar datos atípicos. Se emplearon modelos econométricos de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar costos variables y tiempos de transporte, con coeficientes de determinación (R²) cercanos a uno, lo que indica un alto nivel de ajuste. Los análisis incluyeron pruebas de significancia y sensibilidad para garantizar la robustez de las funciones de costo.

Impacto de cambios normativos laborales

La propuesta regulatoria incorpora los efectos económicos derivados de la reducción de la jornada máxima laboral a 42 horas semanales (Ley 2101 de 2021, con efecto pleno a partir de julio de 2026) y las modificaciones en recargos por trabajo dominical y festivo introducidas por la Ley 2466 de 2025. Los ajustes se basan en la normatividad vigente y afectan los costos laborales considerados en el modelo. No obstante, se aclara que estos parámetros y resultados están en revisión para incorporar observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, por lo que los valores definitivos serán establecidos en la propuesta regulatoria final que adopte la Comisión.

Proceso de participación ciudadana

El proceso de participación ciudadana para el proyecto de resolución culminó el 25 de noviembre de 2025 de manera satisfactoria. La Comisión destaca el carácter democrático y participativo de este proceso, y recomienda analizar la información con cautela, dado que los insumos técnicos y resultados pueden ser ajustados en función de los comentarios y propuestas recibidos. Finalmente, la comunicación reafirma el compromiso de la Comisión con la transparencia y el manejo adecuado de la información privada de los prestadores, y anuncia que la propuesta definitiva ampliará los conceptos técnicos con base en las solicitudes y observaciones recibidas. Esta respuesta oficial sienta las bases para la definición de la metodología tarifaria que regirá próximamente el servicio público de aseo en municipios urbanos de Colombia, proporcionando claridad sobre los criterios técnicos y económicos que sustentan la estructura de costos del servicio. La Comisión reitera su disposición para continuar el diálogo con los diferentes actores del sector, garantizando un proceso transparente y técnicamente sólido que beneficie a todos los usuarios.