Marco jurídico y regulatorio aplicable

El régimen jurídico vigente en servicios públicos domiciliarios permite que las actividades de acueducto y alcantarillado sean prestadas de forma integrada o desintegrada por diferentes personas prestadoras. La ley establece la obligación de facilitar el acceso e interconexión a bienes y redes entre prestadores mediante acuerdos, garantizando una remuneración razonable. El Decreto 1077 de 2015 y las resoluciones CRA 759 de 2016 y CRA 943 de 2021 regulan los contratos de interconexión, estableciendo reglas para la determinación de peajes y remuneración por uso compartido de infraestructura. La Resolución CRA 1032 de 2026, que subroga la metodología tarifaria para grandes prestadores, se fundamenta en variables como el área de prestación del servicio (APS), el número de suscriptores y la relación directa con usuarios a través del CCU.

Análisis y respuesta a las inquietudes

Se diferencia a los prestadores que atienden directamente a usuarios con CCU y aquellos que desarrollan actividades en la cadena de prestación sin relación contractual directa con suscriptores, mediante contratos de suministro o interconexión. En este segundo grupo, la remuneración no proviene de tarifas aplicadas directamente a usuarios, sino de acuerdos con prestadores que sí facturan a los suscriptores. La Comisión aclara que los prestadores sin relación directa con usuarios finales no deben aplicar de manera autónoma la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 1032 de 2026, pues esta está diseñada para la determinación de tarifas finales al usuario, basada en variables regulatorias asociadas a la prestación directa del servicio. Tampoco resulta procedente asignar un segmento regulatorio basado en número de suscriptores para estos casos, ya que la norma no establece criterios diferenciales para prestadores bajo esquemas de interconexión sin usuarios propios. No obstante, las actividades de transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales en esquemas de interconexión hacen parte material del servicio público domiciliario y cuentan con mecanismos de remuneración a través de los contratos de interconexión, conforme a las reglas de las resoluciones CRA 759 de 2016 y CRA 943 de 2021. La determinación de peajes se basa en el costo medio de largo plazo de los subsistemas involucrados, incluyendo operación, inversión y tasas ambientales. Respecto a la pérdida de vigencia de costos de referencia definidos en la Resolución CRA 688 de 2014, se mantiene la aplicación del régimen de interconexión vigente, sin que ello afecte la remuneración de costos e inversiones, que se ajustará según criterios regulatorios actuales y acuerdos contractuales.

Conclusiones

La Comisión concluye que: - La prestación desintegrada de servicios y los contratos de interconexión son jurídicamente válidos y necesarios. - Los prestadores que participan exclusivamente en actividades bajo contratos de interconexión sin relación directa con suscriptores no aplican de forma autónoma la metodología tarifaria para grandes prestadores establecida en la Resolución CRA 1032 de 2026. - No existe un criterio diferencial de segmentación para este tipo de prestadores bajo la normativa actual. - La remuneración de sus costos e inversiones se realiza a través de los mecanismos previstos en los contratos de interconexión regulados por la CRA. - Las condiciones económicas y contractuales de relaciones no reguladas directamente por la CRA se regirán por el derecho privado y la autonomía de la voluntad de las partes. Para asesoría adicional en materia tarifaria, la Comisión invita a los interesados a comunicarse a los canales oficiales disponibles, donde podrán recibir orientación especializada y resolver cualquier duda relacionada con la aplicación de la normativa vigente. De esta manera, se busca garantizar la transparencia y el adecuado funcionamiento del sector de acueducto y alcantarillado, asegurando los derechos de los usuarios y la sostenibilidad financiera de los prestadores de servicios.