La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico respondió a una solicitud de concepto acerca de situaciones relacionadas con unidades inmobiliarias y conexiones no legalizadas en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado. Estas situaciones incluyen locales comerciales, unidades residenciales y espacios en zonas comunes que no han sido facturados por falta de vinculación formal o incumplimientos en la instalación de medidores.

Aplicación del contrato de servicios públicos domiciliarios

De acuerdo con los artículos 128 y 129 de la Ley 142 de 1994, el contrato de servicios públicos es consensual y se configura cuando el prestador define las condiciones uniformes de prestación y el usuario solicita el servicio cumpliendo las condiciones establecidas. No es necesario un acto formal de legalización para entender que existe relación contractual, pero tampoco cualquier uso de hecho genera automáticamente tal vínculo. La verificación concreta corresponde al prestador y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en caso de vigilancia o recursos.

Derivaciones internas y cumplimiento contractual

El concepto distingue entre la independización del servicio —que implica nuevas acometidas autorizadas y medidores individuales para unidades segregadas— y las instalaciones no legalizadas, que carecen de autorización y facturación. Las conexiones fraudulentas o modificaciones en acometidas sin autorización constituyen incumplimiento del contrato y pueden llevar a la suspensión del servicio según el Decreto 1077 de 2015.

Recuperación de consumos y defraudación de fluidos

El prestador está facultado para recuperar consumos no facturados por el tiempo que dure la irregularidad, sin limitarse al plazo de 150 días del artículo 150 de la Ley 142 de 1994. En casos de dolo, como conexiones fraudulentas, se configura el delito de defraudación de fluidos tipificado en el artículo 256 del Código Penal, con penas de prisión y multas. Este delito es querellable, requiriendo denuncia para iniciar acción penal. Además, la empresa puede suspender o terminar el contrato y buscar la recuperación económica por perjuicios causados.

Cobro de cargos fijos en unidades no legalizadas

El cobro de cargos fijos está sujeto a la existencia de una relación contractual y a la disponibilidad efectiva del servicio. Por tanto, no basta la mera pertenencia a una copropiedad ni la ausencia de medición individualizada para justificar el cobro. La verificación corresponde al prestador y, en control, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En conclusión, la Comisión reafirma que la prestación, facturación y regulación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado requieren el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. La existencia de conexiones no autorizadas puede conllevar sanciones administrativas y penales, así como la recuperación de consumos y la suspensión del servicio. Por ello, se invita a los usuarios y prestadores a mantener una adecuada formalización de las acometidas y a denunciar cualquier irregularidad para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio.