Marco normativo y competencias en materia tarifaria

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1369 de 2020, la Oficina Asesora Jurídica de la SSPD es competente para absolver consultas jurídicas externas relativas al régimen de los servicios públicos domiciliarios. El concepto se basa en la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 943 de 2021 y otros documentos normativos y conceptos previos emitidos por la entidad. La Ley 142 de 1994 establece que la fijación y actualización de tarifas en servicios públicos domiciliarios deben sujetarse a fórmulas tarifarias definidas por las comisiones de regulación. Para el caso del acueducto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió las metodologías tarifarias que deben aplicar los prestadores según el número de suscriptores.

Actualización tarifaria: acto de ejecución y potestad del prestador

El artículo 125 de la Ley 142 de 1994 permite a las empresas prestadoras actualizar las tarifas aplicando variaciones en los índices de precios que contienen las fórmulas tarifarias aprobadas, siempre que la variación acumulada alcance al menos un 3%. Esta actualización es potestativa y no obligatoria para el prestador, quien debe comunicar y publicar los nuevos valores. El concepto destaca que esta actualización no implica crear una nueva fórmula ni modificar la estructura tarifaria, sino aplicar de manera reglada un procedimiento matemático previsto en la regulación vigente. De esta forma, la actualización es un acto de ejecución de una decisión previa adoptada por la entidad tarifaria local.

Competencias internas en las empresas prestadoras

Las empresas prestadoras de servicios públicos son sociedades por acciones reguladas por el Código de Comercio y la Ley 142 de 1994. La distribución de competencias y órganos de decisión, como la junta directiva y el representante legal, se define en los estatutos sociales. La entidad tarifaria local, que puede ser la junta directiva de la empresa o quien haga sus veces según los estatutos, tiene la responsabilidad de aprobar la fórmula tarifaria y las reglas de actualización. El representante legal o gerente actúa como ejecutor de estas decisiones, pudiendo adoptar la actualización tarifaria mediante acto administrativo general, siempre que respete los límites establecidos.

Validez y posibles irregularidades

La adopción de la actualización tarifaria por parte del representante legal no configura irregularidad si se limita a aplicar estrictamente la fórmula aprobada por la entidad tarifaria local y cumple con las obligaciones de comunicación y publicación. En caso contrario, si se modifica la estructura tarifaria o se desconoce una reserva estatutaria expresa, podría configurarse un vicio de competencia que afecte la validez del acto y dé lugar a sanciones o devolución de valores cobrados en exceso.

Conclusiones principales

- La actualización tarifaria del artículo 125 de la Ley 142 de 1994 es un acto de ejecución de fórmulas tarifarias previamente aprobadas por la entidad tarifaria local. - Es jurídicamente viable que el representante legal adopte la actualización mediante acto administrativo general, salvo que los estatutos sociales reserven expresamente esta facultad a la junta directiva. - La validez de la tarifa aplicada dependerá de que el representante legal actúe dentro de sus competencias y sin modificar la estructura tarifaria aprobada. - La configuración de un cobro no autorizado requiere el desconocimiento de normas legales o estatutarias y la existencia de cobros por encima de los niveles autorizados. Este concepto contribuye a clarificar el marco jurídico aplicable a la actualización de tarifas en los servicios públicos domiciliarios y las competencias para su adopción dentro de las empresas prestadoras, aportando seguridad jurídica tanto a los prestadores como a los usuarios. Para mayor información, la SSPD pone a disposición un sitio de consulta con normativa, jurisprudencia y doctrina sobre el sector en https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Compilacion-juridica-del-sector.