Acceso y formalización de los servicios públicos domiciliarios

El acceso a los servicios públicos domiciliarios está garantizado por la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, que establecen el principio de universalidad. Para acceder a estos servicios, el solicitante debe tener capacidad legal para contratar, habitar o utilizar de manera permanente un inmueble, y tanto el inmueble como el usuario deben cumplir con las condiciones técnicas y legales previstas. Entre los requisitos técnicos para la conexión se encuentran: ubicación dentro del perímetro de servicio, licencia de construcción (cuando aplique), vías de acceso, redes de acueducto y alcantarillado disponibles, y sistemas adecuados para tratamiento y disposición final de aguas residuales conforme a la autoridad ambiental. En caso de ausencia de red de alcantarillado, se permiten soluciones alternativas como pilas públicas, carrotanques o esquemas diferenciales, siempre que no perjudiquen a la comunidad.

Régimen de prestación y contratos

El servicio público domiciliario de acueducto incluye la distribución municipal de agua apta para consumo humano, así como actividades complementarias como captación, tratamiento y transporte. El servicio de alcantarillado comprende la recolección y tratamiento de residuos líquidos mediante tuberías y conductos. Las solicitudes de acueducto y alcantarillado deben realizarse de manera conjunta, salvo que el usuario justifique alternativas que no afecten a la comunidad. La prestación se formaliza mediante contratos de condiciones uniformes, que pueden incluir condiciones diferenciales en zonas rurales o de difícil acceso.

Mínimo vital y protección de usuarios vulnerables

El concepto destaca que el mínimo vital de agua corresponde a 50 litros por habitante al día, tanto en zonas urbanas como rurales, y debe garantizarse para personas en...