Propósito general del proyecto de resolución
El proyecto de resolución busca modificar la Resolución 0509 de 2018, la cual regula la forma y requisitos para que las personas jurídicas soliciten ante las autoridades ambientales la certificación de inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Estas certificaciones permiten acceder a descuentos del 25% en el impuesto sobre la renta, conforme al artículo 255 del Estatuto Tributario. La actualización normativa responde a la necesidad de incorporar las nuevas metas ambientales adoptadas para el periodo 2022-2030 y ajustar los requisitos a los avances técnicos y regulatorios recientes.
Objetivo principal y beneficios del proyecto
El objetivo principal es optimizar y precisar los procesos de certificación ambiental para las inversiones que contribuyen a la reducción del consumo energético, la prevención y manejo de residuos sólidos, incluyendo residuos peligrosos, y la disminución de emisiones contaminantes. La iniciativa busca promover la transparencia, facilitar el acceso a beneficios tributarios y fortalecer la implementación de políticas nacionales de ahorro energético y gestión integral de residuos. Se espera que sectores productivos de diversos ámbitos, especialmente aquellos vinculados a la industria, minería, energía y gestión de residuos, se vean beneficiados al contar con un marco regulatorio actualizado que respalde sus inversiones ambientales.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto modifica varios numerales del artículo 3 de la Resolución 0509 de 2018, entre ellos:
- Se amplía el alcance para incluir residuos sólidos peligrosos en las inversiones que pueden acceder a la certificación ambiental.
- Se establece la obligación de allegar conceptos técnicos emitidos por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) para proyectos relacionados con reducción del consumo de energía y eficiencia energética, garantizando el cumplimiento de metas ambientales concertadas.
- Se detallan requisitos específicos para proyectos en sectores como transporte, refrigeración, aire acondicionado y distritos térmicos, incluyendo certificaciones de fabricantes que acrediten la no utilización de sustancias prohibidas según el Protocolo de Montreal.
- Se adicionan formatos y herramientas para la presentación de información técnica y económica, incluyendo un nuevo formato exclusivo para inversiones en control y manejo de residuos sólidos peligrosos.
- Se actualiza el procedimiento de recepción y trámite de solicitudes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), con un plazo de seis meses para la adecuación tecnológica de la plataforma.
Acciones y regulaciones específicas propuestas
El proyecto establece que las solicitudes deben incluir información detallada y formatos técnicos que permitan evaluar el beneficio ambiental, tales como:
- Cálculos de reducción en emisiones de gases de efecto invernadero expresados en toneladas de CO₂ equivalente.
- Indicadores de reducción y aprovechamiento de residuos sólidos y sólidos peligrosos, con indicadores de circularidad basados en principios de economía circular.
- Documentación que evidencie la alineación con políticas nacionales y planes de gestión integral de residuos, así como el cumplimiento de normas técnicas internacionales.
- Declaraciones bajo gravedad de juramento sobre la veracidad de la información presentada.
Además, se derogan algunos subnumerales obsoletos y se actualizan los formatos para facilitar la presentación homogénea y estandarizada de la información.
Impacto esperado y alcance potencial
Con esta actualización, se espera promover una mayor inversión privada en proyectos ambientales que generen beneficios directos para la conservación y mejora del medio ambiente. El proyecto favorece la reducción de cargas contaminantes, el uso eficiente de la energía y la gestión responsable de residuos, contribuyendo al cumplimiento de metas nacionales de sostenibilidad y mitigación del cambio climático. Además, fortalece la articulación entre los sectores productivos y las autoridades ambientales, facilitando el acceso a incentivos tributarios que estimulan prácticas empresariales responsables.
Participación de actores clave
La elaboración y aprobación del proyecto contó con la participación de diversas direcciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incluyendo las áreas de asuntos ambientales sectoriales y urbanas, así como la coordinación del grupo sector hidrocarburos, minería y energía. También se contó con el concepto favorable emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que avala la competencia y legalidad de la norma. El Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero-Energética y las autoridades ambientales regionales son actores fundamentales en la implementación y seguimiento de esta resolución. El proyecto fue sometido a consulta pública durante quince días calendario para recoger opiniones y sugerencias del público en general, las cuales fueron incorporadas en lo pertinente.
La norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, derogando y actualizando disposiciones anteriores para optimizar la gestión ambiental y tributaria de las inversiones en el país. Con esta actualización normativa, se espera consolidar un marco más transparente, eficiente y acorde con los retos ambientales actuales y futuros, impulsando el desarrollo sostenible en todos los sectores económicos.
