Naturaleza de la providencia y contexto procesal
La providencia analizada corresponde a un auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en ejercicio de la acción de tutela interpuesta contra una sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión. Dicha sentencia revocó un fallo de primera instancia que había declarado la responsabilidad administrativa y patrimonial de entidades hospitalarias en un caso de presunta falla médica que derivó en pérdida anatómica.
Sentido de la decisión
- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los accionantes.
- Dejar sin efectos la sentencia del 4 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión.
- Ordenar al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, que dentro de los 20 días siguientes a la notificación, dicte una nueva sentencia en el proceso de reparación directa referido.
- Notificar la decisión a las partes y publicar la providencia en la página web del Consejo de Estado.
Razón principal de la decisión
El Consejo de Estado concluyó que la sentencia de segunda instancia adolece de defecto fáctico debido a que no valoró integral y razonadamente el acervo probatorio, especialmente los dictámenes periciales rendidos en el proceso de reparación directa. La autoridad judicial decidió basándose en una valoración fragmentada y no explicó las razones para desestimar los argumentos y pruebas que sustentaron la decisión de primera instancia. Este defecto en la valoración probatoria afecta las garantías del debido proceso y acceso a la administración de justicia, justificando el amparo de la tutela y la orden de dictar una nueva sentencia.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
La acción de tutela fue interpuesta en representación de una persona que recibió atención médica en varias instituciones de salud tras presentar sangrado vaginal persistente y dolor pélvico. Inicialmente se diagnosticó aborto incompleto y se practicó un legrado uterino. Sin embargo, posteriormente la paciente continuó consultando por síntomas compatibles con infección y persistencia del sangrado. Finalmente, fue diagnosticada con embarazo ectópico roto, lo que requirió cirugía con salpingectomía y transfusión sanguínea. La condición médica derivó en pérdida anatómica definitiva y disminución de capacidad laboral.
En el proceso de reparación directa, el juez de primera instancia declaró patrimonialmente responsables a las entidades hospitalarias por falla en la prestación del servicio médico, basándose en pruebas periciales que señalaron infracción a la lex artis y nexo causal con el daño. En apelación, el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó esta decisión, argumentando falta de certeza sobre el momento exacto de la gestación y ausencia de nexo causal directo entre la actuación médica y el daño.
La parte accionante alegó que dicha sentencia incurrió en defecto fáctico por falta de valoración integral de las pruebas y dictámenes, elevó de manera irrazonable el estándar probatorio, y careció de motivación suficiente para desestimar el nexo causal y la falla médica.
Efectos jurídicos de la providencia
La decisión del Consejo de Estado vincula al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, a dictar una nueva sentencia en el proceso de reparación directa dentro del término de 20 días siguientes a la notificación. Esta nueva sentencia deberá valorar integralmente el acervo probatorio y motivar adecuadamente sus conclusiones, garantizando el respeto a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de las partes involucradas.
Además, la providencia debe ser notificada a las partes y publicada en la página web oficial del Consejo de Estado. En caso de no ser impugnada, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para los fines correspondientes, asegurando así la supervisión judicial adecuada del caso y el cumplimiento de los estándares legales y constitucionales aplicables en materia de responsabilidad médica.
