Naturaleza de la providencia y contexto procesal
Se trata de un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en segunda instancia, con ocasión de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Esta última había revocado una sentencia inicial que había ordenado la nivelación salarial de un auxiliar administrativo.
Sentido de la decisión
- Se revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 30 de octubre de 2025.
- Se ampara el derecho fundamental a la igualdad del actor, un auxiliar administrativo vinculado al municipio de Cartago.
- Se deja sin efectos la sentencia que negó la nivelación salarial.
- Se ordena al Tribunal Administrativo dictar una nueva decisión en un plazo de veinte días, conforme a los criterios del precedente constitucional aplicable.
- Se remite copia de la decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Razón principal de la decisión
El Consejo de Estado concluyó que la sentencia impugnada desconoció el precedente constitucional fijado en la sentencia T-369 de 2016 de la Corte Constitucional. Dicho precedente establece que, para que una diferencia salarial entre servidores públicos en cargos similares sea constitucionalmente válida, debe contar con una justificación objetiva, razonable y constitucionalmente aceptable. En este caso, aunque existe identidad en cargo, funciones, requisitos y responsabilidades, la diferencia salarial no se sustentó en criterios válidos sino en una supuesta diferencia en la fuente de financiación, criterio que la Corte Constitucional no considera suficiente para justificar la desigualdad.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
- El actor, auxiliar administrativo vinculado desde 2018 al municipio de Cartago, solicitó nivelación salarial frente a otros servidores que desempeñan idénticas funciones y responsabilidades.
- La Secretaría de Educación negó la solicitud alegando diferencias en la fuente de financiación de los cargos, derivadas del proceso de homologación en la descentralización educativa.
- El Juzgado Tercero Administrativo de Cartago accedió a la petición de nivelación salarial, con base en la identidad funcional y la igualdad en la fuente de financiación (Sistema General de Participaciones), y declaró injustificada la desigualdad.
- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó esta decisión, negando la nivelación al considerar que la diferencia salarial obedece a causas objetivas vinculadas a la fuente de financiación y la planta a la que pertenecen los servidores.
- El actor interpuso acción de tutela contra esta providencia alegando vulneración de derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
- La Sala Quinta del Consejo de Estado, en primera instancia, declaró improcedente la tutela por considerar que se trataba de un debate legal ordinario sin relevancia constitucional.
- El actor impugnó esta decisión y el Consejo de Estado, en segunda instancia, revocó la improcedencia y amparó los derechos fundamentales alegados, ordenando una nueva decisión conforme al precedente constitucional.
Efectos jurídicos
- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca deberá dictar una nueva sentencia en el plazo de veinte días, en la que se aplique el precedente constitucional sobre el principio de igualdad salarial.
- Se ampara el derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso del auxiliar administrativo actor.
- Se deja sin efectos la sentencia que negó la nivelación salarial, generando una obligación para el tribunal de reconsiderar la situación conforme a los criterios constitucionales establecidos.
- Se remite la decisión a la Corte Constitucional para que pueda revisarla si lo considera pertinente.
Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma la importancia de garantizar el derecho fundamental a la igualdad en el ámbito laboral público, evitando que diferencias salariales injustificadas persistan bajo criterios que no cumplen con los estándares constitucionales. Además, se establece un precedente relevante para casos similares en los que se cuestionen desigualdades salariales entre servidores públicos con cargos y responsabilidades equivalentes.
