Objeto de la norma
La resolución tiene por objeto adoptar la Política Pública de Equidad de Género del Sector Minero-Energético, contenida en un anexo técnico que incluye antecedentes, diagnóstico, enfoques, objetivos, líneas de acción y mecanismos para su implementación, seguimiento y evaluación.
Cambios normativos
- Se adopta formalmente la Política Pública de Equidad de Género del Sector Minero-Energético.
- Se establece un plan de acción como instrumento de gestión y coordinación para la implementación de esta política.
- Se define el seguimiento y evaluación del plan a cargo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio, en articulación con otras dependencias y el Comité de Asuntos de Género.
- Se dispone que la política funciona como marco orientador y articulador para las entidades adscritas y vinculadas, así como para otras empresas del sector, conforme a sus competencias y régimen jurídico.
Obligaciones creadas
- El Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas deben incorporar progresivamente la política en el ejercicio de sus competencias.
- Deben implementar las acciones previstas en el plan de acción contenido en la memoria justificativa de la resolución.
- La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio debe coordinar el seguimiento y evaluación anual del plan, elaborando informes que sirvan para la articulación sectorial.
- El Ministerio podrá actualizar el plan de acción con la concertación de las entidades involucradas, sin modificar el objeto o alcance de la política adoptada.
- La implementación será financiada con apropiaciones presupuestales del Ministerio y sus entidades adscritas, de acuerdo con el marco fiscal y de gasto de mediano plazo, sin perjuicio de otras fuentes de financiación.
Ámbito de aplicación
La resolución aplica al Ministerio de Minas y Energía y a sus entidades adscritas, para su incorporación progresiva conforme a sus competencias y régimen jurídico. Además, constituye un marco de orientación y articulación para las entidades vinculadas y demás empresas del sector minero-energético. Los destinatarios, beneficiarios o participantes incluyen:
- Mujeres y población LGBTIQ+.
- Organizaciones sindicales del sector minero-energético.
- Dependencias del Ministerio de Minas y Energía.
- Entidades adscritas y vinculadas al sector.
- Otros actores del sector minero-energético.
Excepciones o exclusiones
No se establecen excepciones o exclusiones expresas en la resolución.
Base legal
La expedición de la resolución se fundamenta en las facultades constitucionales y legales del Ministerio de Minas y Energía, en particular el artículo 208 de la Constitución Política, los artículos 59 y 61 de la Ley 489 de 1998, y el Decreto 381 de 2012, entre otras disposiciones legales y compromisos internacionales en materia de igualdad de género y derechos laborales.
Vigencia y régimen de transición
La resolución rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. No se establece un régimen de transición adicional; sin embargo, la política se incorpora progresivamente conforme a las competencias y régimen jurídico aplicable de cada entidad.
Resumen de responsabilidades y plazos
| Entidad |
Obligación |
Plazo |
| Ministerio de Minas y Energía y entidades adscritas |
Incorporar la Política Pública de Equidad de Género y ejecutar el plan de acción. |
Progresivamente, conforme a sus competencias. |
| Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio |
Coordinar seguimiento y evaluación del plan de acción; consolidar informe anual. |
Anualmente. |
| Ministerio de Minas y Energía |
Actualizar el plan de acción con participación de entidades involucradas. |
Según necesidad, sin modificar objeto ni alcance de la política. |
Conclusión
La Resolución 40326 de 2026 representa un avance significativo en la promoción de la equidad de género dentro del sector minero-energético, estableciendo un marco claro para su implementación y seguimiento. Su adopción permitirá fortalecer la inclusión y la igualdad en un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país, integrando a mujeres, población LGBTIQ+ y otros actores clave en procesos de toma de decisiones y desarrollo sectorial. La coordinación interinstitucional y el compromiso presupuestal serán fundamentales para el éxito de esta política pública.
