Naturaleza de la providencia y tribunal
La providencia es una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado.
Sentido de la decisión
La Sala confirmó la sentencia apelada que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente, adicionó la sentencia para inhibirse de pronunciarse sobre la nulidad del mandamiento de pago y condenó en costas a la parte demandante en esta instancia.
- Confirmación de la negativa a anular la Resolución de adjudicación de bienes inmuebles y demás actos administrativos relacionados con el cobro coactivo.
- Inhibición de pronunciamiento respecto a la nulidad del mandamiento de pago, por tratarse de acto de trámite no susceptible de control judicial.
- Condena en costas a la parte demandante en esta instancia, fijando la agencia en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente.
Razón principal de la decisión
El tribunal sostuvo que el procedimiento de cobro coactivo no es el escenario para revisar la legalidad del título ejecutivo ni la caducidad de la facultad sancionatoria, dado que estos aspectos debieron ser controvertidos en las etapas o medios procesales adecuados. Además, determinó que la acción de cobro no estaba prescrita al momento de la expedición del acto de adjudicación, pues el término prescriptivo fue interrumpido con la notificación del mandamiento de pago y suspendido durante la diligencia administrativa de remate. Por último, señaló que no correspondía pronunciarse sobre la legalidad del decreto que reglamentó el procedimiento de adjudicación, dado que no fue incluido en el objeto del litigio tras la subsanación de la demanda.
Antecedentes fácticos y procesales
En 2004, la administración municipal declaró la existencia de infracciones urbanísticas y sancionó con multa a un particular, acto que fue notificado y se convirtió en título ejecutivo para efectos de cobro coactivo. Con base en este título, se emitió mandamiento de pago y medidas cautelares sobre varios inmuebles. Posteriormente, en 2013, la Secretaría de Hacienda del municipio adjudicó bienes inmuebles embargados al municipio, acto que fue impugnado mediante nulidad y restablecimiento del derecho.
La demanda inicial se presentó en 2014 y fue objeto de adecuación al medio de control procedente. Entre las pretensiones, se solicitó la nulidad del acto de adjudicación y la declaración de prescripción de la acción de cobro, además de reclamaciones indemnizatorias por perjuicios materiales y morales.
El Tribunal Administrativo de primera instancia negó las pretensiones, señalando que la acción de cobro no estaba prescrita, que el procedimiento de adjudicación se realizó dentro del término legal y que la notificación y recursos se surtieron conforme a la normatividad. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación.
Efectos jurídicos de la providencia
La sentencia confirma la validez y ejecutoriedad del acto administrativo de adjudicación de bienes y demás actuaciones relacionadas con el cobro coactivo, manteniendo vigente la facultad de la administración para ejercer la acción de cobro en este caso. Asimismo, ordena la condena en costas a la parte apelante, generando la obligación de cubrir las agencias en derecho correspondientes en esta instancia. La decisión vincula a las partes y a las autoridades administrativas involucradas, ratificando el marco jurídico aplicable al procedimiento de cobro coactivo y limitando la revisión judicial a las etapas procesales adecuadas para controvertir la legalidad del título ejecutivo.
De esta manera, el Consejo de Estado reafirma la importancia de respetar los procedimientos establecidos y los medios procesales adecuados para la impugnación de actos administrativos, garantizando la seguridad jurídica y la eficacia en la gestión pública.
