La Comisión Nacional de Disciplina Judicial conoció en segunda instancia del recurso de apelación contra el auto de junio de 2025 mediante el cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar ordenó la terminación y archivo definitivo de una actuación disciplinaria adelantada contra un juez primero laboral del circuito de Turbaco. El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada en noviembre de 2024, en la que se denunciaban posibles irregularidades en dos procesos ejecutivos. Entre los señalamientos estaba la supuesta nulidad incorrecta de un auto que ordenaba seguir adelante con una ejecución, pese a que dicho auto estaba ejecutoriado hacía más de siete meses. También se incluía la acusación de prevaricato por omisión por no decretar medidas cautelares sin fundamento. La Comisión Seccional concluyó que el juez actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales, aplicando el control de legalidad sobre el título ejecutivo para evitar la ejecución de obligaciones sin causa legal, y ordenó la terminación y archivo del proceso disciplinario. Sin embargo, al revisar el recurso de apelación, la Comisión Nacional encontró que, si bien la decisión de primera instancia fue correcta respecto de uno de los procesos, no se pronunció sobre otro proceso disciplinario planteado en la queja. Por esta razón, revocó parcialmente el auto y ordenó continuar con la investigación respecto de las presuntas irregularidades en el segundo proceso mencionado. La decisión destaca que el juez está facultado para ejercer control de legalidad incluso sobre autos ejecutoriados, siempre que existan verdaderas irregularidades que justifiquen su corrección. Además, subrayó que los autos ilegales no vinculan al juez ni tienen fuerza de ejecutoria absoluta. Con este pronunciamiento, la Comisión Nacional reafirma la importancia del control judicial estricto en la administración de justicia y garantiza que las investigaciones disciplinarias se aborden de manera completa y rigurosa. Finalmente, la actuación fue devuelta a la Comisión Seccional de origen para continuar con las competencias correspondientes, y se ordenaron las notificaciones judiciales pertinentes, asegurando así el debido proceso y la transparencia en el manejo del caso.