La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió la apelación interpuesta por una abogada contra la decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, que denegó parcialmente diversas solicitudes probatorias en el marco de un proceso disciplinario. El caso se originó por la ausencia injustificada de la profesional en una audiencia de juicio oral relacionada con un proceso penal por omisión de agente retenedor o recaudador.

Contexto y desarrollo del proceso disciplinario

El proceso disciplinario fue abierto luego de que el juzgado penal correspondiente compulsara copias contra la abogada por no asistir a la audiencia fijada, pese a estar debidamente notificada. Durante las audiencias de pruebas y calificación provisional, se admitieron diversas pruebas documentales y testimonios relacionados con el caso. La abogada alegó que intentó concertar aplazamientos con la Fiscalía y el despacho judicial, y que la imposibilidad de asistir presencialmente obedeció a una situación de fuerza mayor vinculada a su ubicación geográfica y dificultades para conectarse de manera virtual, confiando en la gestión de su representado para resolver el asunto penal.

Decisión sobre la solicitud probatoria y apelación

En la audiencia de calificación provisional, el magistrado sustanciador accedió a recibir algunos testimonios que pretendían acreditar la supuesta fuerza mayor y circunstancias que justificaron la inasistencia. Sin embargo, negó otras pruebas por considerar que ya habían sido practicadas, resultaban superfluas o no aportaban elementos nuevos al debate. La abogada apeló esta decisión, argumentando que el momento procesal permitía ejercer contradicción y que ciertos testimonios y un informe solicitado al juzgado eran necesarios para esclarecer completamente los hechos, especialmente en relación con la práctica habitual de audiencias virtuales en el despacho judicial.

Criterios jurídicos y resolución final

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial recordó que las partes están facultadas para solicitar y controvertir pruebas bajo un esquema de libertad probatoria, pero que ello no implica la admisión indiscriminada de todos los medios pedidos. Deben rechazarse aquellos que sean inconducentes, impertinentes, manifiestamente superfluos o ilícitos, conforme a la Ley 1123 de 2007. En el análisis, se concluyó que los medios de prueba denegados eran repetitivos o ajenos al núcleo del cargo disciplinario, que se centra en establecer si la ausencia injustificada comprometió el deber de diligencia profesional. Por otro lado, las pruebas admitidas permitían examinar adecuadamente la justificación invocada por la investigada. Respecto al informe solicitado sobre la práctica general de audiencias virtuales y presenciales en el despacho judicial, se determinó que dicha información no era pertinente ni útil para demostrar una causa de fuerza mayor o imposibilidad concreta para asistir a la audiencia en cuestión. En consecuencia, la Comisión confirmó la decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, manteniendo la denegación parcial de la solicitud probatoria, y ordenó remitir el expediente para la continuación del proceso conforme a su competencia. Esta resolución reafirma la importancia del cumplimiento del deber de diligencia profesional por parte de los abogados y establece criterios claros sobre la admisibilidad de pruebas en el ámbito disciplinario, contribuyendo a la transparencia y rigor en la administración de justicia.