La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió confirmar la sanción de suspensión por tres meses en el ejercicio profesional impuesta a un abogado, tras hallarlo responsable de incumplir el deber de atender con diligencia sus encargos profesionales, previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, y de incurrir en la falta tipificada en el artículo 37 numeral 1 ibídem, consistente en la inasistencia injustificada a audiencias.

Detalles del caso

El caso se originó en un proceso penal por un delito grave, en el cual el abogado fungía como defensor de confianza. Se comprobó que no asistió a las audiencias programadas para los días 22 y 30 de junio y 14 de julio de 2023, sin presentar justificación alguna, lo que generó la reprogramación de dichas sesiones y retrasó la toma de decisiones en el trámite penal. La defensa argumentó que las fallas de conexión a internet, debido a la residencia en zona rural, impidieron la participación en dos de las audiencias, y que para la última fecha ya no existía relación profesional. Sin embargo, la Comisión destacó que las notificaciones se realizaron por diversos medios, incluido correo electrónico y llamadas telefónicas, y que el abogado no justificó su inasistencia de manera oportuna, incumpliendo con el deber de diligencia exigido para el ejercicio de la profesión.

Calificación de la conducta y consecuencias

Además, se aclaró que la conducta fue calificada a título de culpa, por desconocimiento del deber objetivo de cuidado, y que el retraso ocasionado afectó tanto el proceso penal como la organización judicial, contribuyendo a la congestión judicial. Como resultado, se confirmó la suspensión por tres meses, medida que fue considerada proporcional y adecuada para cumplir con las finalidades preventivas y correctivas del régimen disciplinario. La decisión es definitiva y se anotará en el Registro Nacional de Abogados para su debida publicidad. Esta resolución subraya la importancia de que los abogados atiendan con responsabilidad y diligencia sus compromisos profesionales, especialmente cuando representan a personas involucradas en procesos penales, garantizando así el normal desarrollo de la administración de justicia. De esta forma, se promueve el cumplimiento de los estándares éticos y profesionales necesarios para mantener la confianza en el sistema judicial.