La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de una Comisión Seccional que denegó la práctica de pruebas testimoniales en un proceso disciplinario contra un abogado. La investigación se originó a partir de una queja relacionada con la actuación del profesional en procesos ejecutivos y la administración de recursos derivados de un acuerdo de transacción extrajudicial. El caso involucra presuntas irregularidades en la gestión de pagos y la omisión de informar al despacho judicial sobre la terminación de un proceso, situación que habría causado perjuicios patrimoniales a una de las partes. Además, se cuestiona la promoción de una demanda ejecutiva contra una garante vinculada al acuerdo transaccional, a pesar del cumplimiento de las obligaciones pactadas. En primera instancia, la magistrada instructora negó la práctica de la prueba testimonial solicitada por el abogado investigado, argumentando que no era necesaria ni pertinente para esclarecer los hechos. Sin embargo, el disciplinable interpuso recurso de apelación, alegando que la prueba permitiría ejercer adecuadamente el derecho de defensa y contradicción, al analizar con mayor detalle los hechos que motivaron la formulación de cargos. La Comisión Nacional valoró que las declaraciones inicialmente recaudadas fueron obtenidas en etapas preliminares y no en la fase de juzgamiento, por lo que permitir su práctica en esta etapa es compatible con los principios del debido proceso y la búsqueda de la verdad material. Se estableció que los testimonios solicitados son conducentes, pertinentes y útiles para esclarecer hechos relacionados con el cumplimiento del acuerdo de transacción, la gestión de recursos y las actuaciones del abogado. Como resultado, la Comisión revocó la decisión de la instancia anterior y ordenó la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas. Asimismo, se instruyó remitir la actuación al Consejo Seccional de origen para los fines correspondientes. Esta resolución reafirma la importancia del respeto a las garantías procesales en los procedimientos disciplinarios dentro de la Rama Judicial, garantizando que los investigados puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y a la contradicción, elementos esenciales para un proceso justo y transparente.