La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de su competencia constitucional, resolvió el recurso de apelación contra la sentencia que sancionó a un abogado con seis meses de suspensión por incurrir en falta disciplinaria relacionada con la falta de diligencia profesional. La conducta se relaciona con la gestión de un proceso judicial de pertenencia de tres predios.

Antecedentes del caso

El proceso inició con una queja presentada por un cliente que contrató al abogado para adelantar un proceso de pertenencia de predios, pactando honorarios sobre uno de los lotes. El contrato inicial fue modificado posteriormente sin informar al cliente. La demanda se presentó seis meses después de la suscripción del mandato y fue admitida por el juzgado competente. Durante el trámite, se evidenció que la instalación de las vallas requeridas para el proceso no cumplía con los requisitos legales, y el abogado no subsanó estas deficiencias, ni realizó otras diligencias esenciales para el avance del proceso. Esta falta de actuación condujo a la paralización del proceso por más de un año, hasta que el cliente otorgó mandato a otro profesional.

Decisión en primera instancia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima sancionó inicialmente al abogado con seis meses de suspensión, tras encontrarlo responsable de demorar y abandonar las diligencias encomendadas, contraviniendo el numeral 1 del artículo 37 y el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007. Se absolvió al profesional respecto a la acusación relacionada con cobros desproporcionados, dado que no se acreditó la existencia de cláusulas abusivas ni enriquecimiento indebido.

Argumentos y análisis en segunda instancia

En apelación, el abogado alegó que las demoras se debieron a gestiones previas necesarias para presentar la demanda, demoras en la administración de justicia ajenas a su control, y obstáculos presentados por los familiares del cliente para continuar con la actuación. También cuestionó la valoración de los testimonios y sostuvo que no hubo vulneración real de derechos. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reconoció que la demora en la presentación de la demanda pudo justificarse por actuaciones previas, por lo que absolvió al abogado en este punto. Sin embargo, confirmó la responsabilidad por abandono del proceso tras la instalación defectuosa de la valla, debido a la inactividad prolongada y la falta de respuesta a los requerimientos judiciales. Respecto a los argumentos sobre las demoras judiciales y obstáculos presentados por los familiares, la Comisión señaló que tales circunstancias no eximen al abogado de su obligación de diligencia y que no se acreditó impedimento válido para justificar la inacción. Finalmente, se descartó la aplicación de causales de exclusión de responsabilidad y el principio de in dubio pro disciplinado, considerando que la omisión afectó de manera objetiva el interés jurídico del cliente y la imagen de la profesión.

Sanción y consecuencias

Aplicando los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, la Comisión modificó la sanción inicial y estableció una suspensión de cuatro meses en el ejercicio profesional. Se notificará la resolución a las autoridades correspondientes para su anotación y, a partir de dicha notificación, comenzará a regir la suspensión impuesta. Esta decisión reafirma la importancia de la diligencia y el cumplimiento de los deberes profesionales en el ejercicio de la abogacía, protegiendo los derechos de los clientes y la confianza en el sistema judicial. Asimismo, envía un mensaje claro sobre la responsabilidad que tienen los abogados para garantizar un adecuado seguimiento de los procesos que les son confiados, evitando perjuicios a sus representados y manteniendo la integridad de la profesión.