El Decreto 0287 de 2026 responde a una orden judicial que reconoció la insuficiencia del Decreto 392 de 2018 para implementar el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Esta nueva regulación establece un sistema integral de preferencias que busca garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad (PcD) en la contratación estatal, a través de un conjunto estructurado de medidas afirmativas que deben aplicarse en todas las fases del proceso contractual: planeación, selección, adjudicación y ejecución.

Sujetos beneficiados y medidas principales

El sistema distingue dos sujetos beneficiarios: los emprendimientos y empresas de PcD, y los empleadores de PcD. Los primeros incluyen personas naturales con discapacidad que ejercen profesiones liberales o actividades comerciales, así como personas jurídicas con participación mayoritaria de PcD. Los segundos son empresas que superan los mínimos legales de vinculación laboral de personas con discapacidad establecidos por la Ley 2466 de 2025. Entre las cinco medidas que conforman el sistema destacan: - Herramientas de planeación para procesos inclusivos: ferias de negocios inclusivas, incorporación de criterios sociales en los pliegos y división del proceso en lotes para facilitar la participación de empresas de PcD. - Criterios habilitantes diferenciales: flexibilización de requisitos de experiencia, capacidad financiera y garantías para facilitar la participación de empresas de PcD. - Puntaje adicional del 2%: se otorga un puntaje extra en licitación pública y concurso de méritos para proponentes que acrediten ser emprendimiento o empresa de PcD, o empleadores de PcD que superen los mínimos legales. Este puntaje es único y no acumulable. - Condiciones especiales de ejecución: priorización de PcD y sus empresas en subcontratación e integración de equipos de trabajo durante la ejecución contractual. - Inclusión de PcD en contratos de prestación de servicios: medida progresiva y potestativa para la contratación directa, que fomenta la contratación de PcD sin generar subordinación laboral. Adicionalmente, se establece la obligación de compras públicas accesibles que deben aplicar todas las entidades estatales en todas las modalidades de contratación, garantizando criterios de accesibilidad desde la planeación.

Requisitos para el puntaje adicional y vinculación laboral

Para acceder al puntaje adicional del 2%, los empleadores deben acreditar la vinculación de personas con discapacidad mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, lo que implica una relación laboral con un único empleador. La acreditación incluye certificados de aportes a seguridad social de los últimos tres meses y certificación del Ministerio del Trabajo, garantizando la estabilidad y veracidad de la vinculación. El Decreto establece un número mínimo de PcD vinculadas según el tamaño de la planta de personal, superando los mínimos legales para obtener el puntaje. Este requisito busca promover un compromiso real y no solo el cumplimiento mínimo de la ley.

Impacto y obligaciones para las entidades estatales

El Decreto 0287 de 2026 implica un cambio estructural en la contratación pública colombiana, ya que la inclusión de PcD deja de ser un simple punto adicional para convertirse en un compromiso integral y transversal a lo largo de todo el proceso contractual. Las entidades estatales deben aplicar estas medidas de manera rigurosa, pues su incumplimiento puede afectar la legalidad de los procesos y generar consecuencias jurídicas. Esta reglamentación fortalece el principio constitucional de igualdad real y efectiva, y responde a mandatos internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad. Además, impulsa la transformación del mercado público hacia modelos más inclusivos y accesibles. El Decreto rige desde su expedición y su aplicación es obligatoria para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, en especial en procedimientos de licitación pública y concurso de méritos. --- Este artículo se basa en el concepto y análisis emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que ofrece orientación y seguimiento para la implementación efectiva del Decreto 0287 de 2026 en la contratación estatal. Para consultas y mayor información, la Agencia dispone de recursos y documentos accesibles en su plataforma oficial, facilitando así el cumplimiento y la promoción de estos nuevos estándares inclusivos en la contratación pública.