El Decreto 0287 de 2026, expedido el 19 de marzo de 2026, establece un Sistema Integral de Preferencias para favorecer la inclusión de personas con discapacidad (PcD) en la contratación pública. Esta regulación cumple con la sentencia de acción de cumplimiento emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ordenó reglamentar los numerales 1, 7 y 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Así, se modifican integralmente los artículos relacionados del Decreto 1082 de 2015.

Medidas afirmativas y sujetos beneficiados

El sistema está compuesto por cinco medidas afirmativas aplicables en las fases de planeación, selección, adjudicación y ejecución. Entre ellas destacan herramientas para procesos inclusivos, criterios habilitantes diferenciales, puntaje adicional del 2%, condiciones especiales de ejecución e inclusión de PcD en contratos de prestación de servicios. Se benefician dos sujetos diferenciados: 1. Emprendimientos y empresas de PcD, definidos según categorías relacionadas con la propiedad y vinculación laboral. 2. Empleadores de PcD, empresas que superen los mínimos de vinculación laboral de personas con discapacidad según la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral).

Puntaje adicional del 2% y requisitos

El puntaje adicional del 2% es total y no acumulable, aplicable únicamente en licitación pública y concurso de méritos bajo el Estatuto General de Contratación Pública. No se suma aunque el proponente acredite simultáneamente ambas condiciones (empresa de PcD y empleador de PcD). Para acreditar la condición de empleador de PcD y obtener el puntaje, se debe demostrar la vinculación laboral con dedicación exclusiva de personas con discapacidad, conforme a una tabla que establece el número mínimo según el tamaño de la planta de personal. Además, se exige documentación como certificados de aportes a seguridad social de los últimos tres meses y certificados de discapacidad vigentes.

Aplicación temporal y requisitos documentales

La norma aplica a procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura se expida a partir del 20 de marzo de 2026. La fecha de expedición del certificado del Ministerio del Trabajo que acredite la condición del proponente no determina la regulación aplicable, sino la fecha de apertura del proceso. Si bien el certificado expedido antes de esta fecha puede ser válido si está vigente, la entidad debe evaluar la oferta con base en la normativa vigente, incluida la tabla y requisitos del Decreto 0287 de 2026. En caso de no cumplir con los nuevos requisitos, el proponente podrá participar, pero sin derecho al puntaje adicional.

Otras medidas y limitaciones

Se establecen criterios habilitantes diferenciales para flexibilizar requisitos de experiencia, capacidad y garantías en favor de emprendimientos y empresas de PcD, aplicables en licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos. También se regulan condiciones especiales de ejecución que obligan a priorizar la subcontratación inclusiva y la integración de PcD en equipos de trabajo. La inclusión de PcD en contratos de prestación de servicios profesionales tiene carácter potestativo y aplica en contratación directa, sin generar relación laboral ni asignación de funciones permanentes.

Compatibilidad con otros incentivos

El puntaje adicional del 2% es compatible con incentivos para MiPymes y empresas de mujeres, pudiendo aplicarse simultáneamente. Se distingue del criterio de desempate previsto en la Ley 2069 de 2020, que beneficia exclusivamente a empleadores de PcD en casos de empate. En conclusión, el Decreto 0287 de 2026 fortalece el marco normativo para la inclusión laboral de personas con discapacidad en la contratación pública, imponiendo obligaciones claras a las entidades estatales para garantizar la igualdad real y efectiva. La aplicación práctica de estas disposiciones requiere atención a la fecha de apertura del proceso y al cumplimiento estricto de los requisitos documentales para acceder al puntaje adicional y demás beneficios del sistema. Para mayor información y consulta de documentos relacionados, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente dispone de recursos y guías accesibles en su plataforma institucional. Esta iniciativa busca promover un entorno inclusivo que garantice oportunidades reales y equitativas para las personas con discapacidad en el ámbito público.