Criterios para el reconocimiento de cuentas por cobrar

El CTCP recordó que, conforme al marco normativo vigente, las cuentas por cobrar deben reconocerse como activos únicamente cuando exista una expectativa razonable de recaudo y su importe pueda medirse de forma fiable. En el caso de deudas en cobro jurídico sujetas a procesos hipotecarios preferentes, la administración debe evaluar objetivamente la probabilidad de recuperación. Si esta es remota, dichas cuentas no constituyen un recurso disponible y, por lo tanto, no deben reflejarse como activos realizables en los estados financieros.

Impacto en el fondo de imprevistos

El fondo de imprevistos, regulado por el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, debe constituirse con un porcentaje no inferior al 1% del presupuesto anual de gastos comunes y puede incrementarse con otros ingresos que la asamblea general considere pertinentes. Sin embargo, el CTCP indicó que las deudas en cobro jurídico con incertidumbre significativa en su recuperación no deben incluirse en el saldo del fondo de imprevistos hasta que exista un recaudo efectivo o disponibilidad real de los recursos. Esta medida garantiza una representación fiel de la liquidez y situación financiera de la copropiedad, evitando posibles interpretaciones erróneas por parte de los usuarios de la información financiera.

Recomendaciones y transparencia

Aunque la asamblea general puede decidir destinar futuros recaudos al fondo de imprevistos, mientras no se concrete la recuperación, los valores pendientes no deben presentarse como parte integrante del fondo. En caso de que se mantenga el reconocimiento contable de estas cuentas por cobrar, se recomienda revelar claramente su situación y contingencias en las notas a los estados financieros para asegurar la transparencia y precisión en la información presentada. Este concepto del CTCP se basa en la normativa vigente y busca orientar a las copropiedades para que mantengan un manejo financiero responsable y conforme a los principios contables aplicables, promoviendo así la confianza de los copropietarios y demás interesados en la información financiera presentada.