Alcance de la responsabilidad del revisor fiscal

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), organismo encargado de la normalización técnica en materia contable y de aseguramiento de la información, ha precisado que la responsabilidad del revisor fiscal se limita al adecuado cumplimiento de las funciones definidas en la ley, los estatutos y las normas profesionales aplicables. En este sentido, el revisor fiscal no es responsable de los actos administrativos de la entidad en la que presta sus servicios. Cuando el revisor fiscal detecta prácticas contables, financieras o administrativas que contravengan las disposiciones legales vigentes, debe informar oportunamente dichas irregularidades a los órganos competentes de dirección y administración. Es recomendable que conserve evidencias de estas comunicaciones formales para respaldar sus actuaciones.

Actuaciones frente a irregularidades persistentes

Si pese a sus advertencias las irregularidades persisten, el revisor fiscal debe evaluar los efectos que dichas situaciones puedan tener sobre sus informes, dictámenes y comunicaciones. Además, debe considerar la continuidad de su relación profesional con la entidad. Por otra parte, cuando se detecten actos de corrupción o la presunta comisión de delitos señalados en la Ley 43 de 1990 (modificada por la Ley 2195 de 2022), el revisor fiscal tiene la obligación de denunciarlos ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas. Estas denuncias deben presentarse dentro de los seis meses siguientes al conocimiento de los hechos, y en estos casos no aplica el régimen del secreto profesional.

Importancia del cumplimiento normativo

El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades competentes. Por ello, el revisor fiscal debe actuar con diligencia y responsabilidad para garantizar la vigilancia y control establecidos en la legislación colombiana, contribuyendo así a la transparencia y legalidad en la gestión de las entidades. Este concepto se basa en la información proporcionada por el solicitante y se encuentra enmarcado en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, reforzando la importancia de la actuación ética y legal del revisor fiscal en la protección del interés público y la correcta administración de las entidades.