El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respondió a una consulta sobre el uso adecuado de los recursos provenientes de las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) por parte de los municipios que los reciben. Estas transferencias, reguladas principalmente por la Ley 99 de 1993 y sus modificaciones posteriores, consisten en un porcentaje de las ventas brutas de energía generada por centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, el cual debe ser destinado a proyectos con fines ambientales.

Prioridad en proyectos y limitaciones de gastos

Los recursos deben ser invertidos exclusivamente en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, incluyendo obras de acueductos, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas y residuos. En municipios con ecosistemas de páramos, la inversión debe orientarse prioritariamente a la conservación de estas áreas, conforme a lo establecido en la Ley 1955 de 2019. Además, sólo hasta un 10% de estos recursos podrá destinarse a gastos de funcionamiento.

Alcance territorial de la inversión

La jurisdicción geográfica para la inversión de estos recursos comprende la cuenca hidrográfica que abastece la central hidroeléctrica, el área directa de influencia del proyecto hidroeléctrico y, en el caso de termoeléctricas, los municipios donde se sitúan las plantas. La inversión debe beneficiar al sector económico que tributa la contribución, es decir, los generadores de energía, para mantener o restaurar el ambiente afectado por su actividad.

Naturaleza jurídica y finalidad compensatoria

Estos recursos tienen naturaleza de contribución parafiscal con finalidad compensatoria, no constituyen un impuesto municipal. La Corte Constitucional ha señalado que su destinación específica es mantener y restaurar el medio ambiente impactado por el uso económico de recursos naturales renovables o no renovables. Este concepto jurídico enfatiza que la inversión de los recursos debe estar alineada con estas directrices legales y ambientales, garantizando así su correcta aplicación en beneficio de la sostenibilidad ambiental local y regional. De esta manera, se busca que los municipios implementen proyectos que contribuyan al equilibrio ecológico y mejoren la calidad de vida de las comunidades afectadas por la actividad energética, asegurando un manejo responsable y transparente de los recursos públicos destinados a la protección ambiental.