Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de una sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en el trámite de una acción de tutela interpuesta contra un municipio del Atlántico.

Sentido de la decisión

• Confirma el amparo del derecho fundamental de petición, ordenando al municipio que dentro de 48 horas conteste de manera clara, precisa y de fondo las solicitudes presentadas por el accionante en diversas fechas entre 2023 y 2026.
• Declara improcedente la acción de tutela respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vida y al mínimo vital.
• Niega el amparo respecto a la Contraloría Municipal y al promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio.
• Deniega la solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de declarar su falta de legitimación en la causa, reconociendo su intervención en calidad de tercero con interés.

Razón principal de la decisión

El tribunal sostuvo que el derecho fundamental de petición fue vulnerado debido a la falta de respuesta por parte del municipio a múltiples solicitudes sobre el pago de acreencias laborales derivadas de sentencias judiciales previas. La entidad territorial no respondió oportunamente, motivo por el cual se ordenó dar una respuesta de fondo. Respecto a los demás derechos fundamentales invocados, como el debido proceso, la seguridad social, el acceso a la administración de justicia, la salud, la vida y el mínimo vital, no se acreditó una afectación que justificara la intervención inmediata del juez de tutela. En particular, no se demostró que el accionante careciera de medios para asegurar su subsistencia, y existían otros mecanismos judiciales y administrativos adecuados, como el proceso de reestructuración de pasivos en el que está inmerso el municipio, para resolver las controversias planteadas. Por último, la negativa de amparo frente a la Contraloría Municipal y al promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos se fundamentó en que estos no tienen competencia para reconocer, liquidar o disponer el pago de las acreencias laborales reclamadas, funciones que corresponden exclusivamente al municipio.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El accionante laboró para el municipio como vigilante desde 1992 hasta 1998, cuando su cargo fue suprimido mediante acto administrativo. Se ordenó judicialmente su reintegro y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su retiro. El municipio efectuó pagos parciales y reconoció la obligación, pero no atendió completamente las solicitudes posteriores del accionante para liquidar y cancelar las acreencias laborales pendientes ni consignar los aportes a pensión. El municipio se encuentra en un proceso de reestructuración de pasivos conforme a la Ley 550 de 1999, que suspende procesos ejecutivos hasta 2034. El accionante, mayor de 60 años, alegó que esta situación limita su acceso a la administración de justicia y vulnera sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado, en primera instancia, amparó el derecho de petición y ordenó al municipio responder las solicitudes, pero declaró improcedente el amparo para los demás derechos y negó la tutela frente a la Contraloría y al promotor del acuerdo. Ambas partes interpusieron impugnaciones. El municipio informó que dio cumplimiento a la orden de contestar mediante oficio que respondió las solicitudes y se encuentra en trámite administrativo para verificar el estado de las obligaciones reclamadas.

Efectos jurídicos de la decisión

• El municipio debe responder de fondo y en forma clara y precisa las solicitudes planteadas por el accionante relacionadas con el pago de sus acreencias laborales y el cumplimiento de las sentencias judiciales previas.
• Se mantiene la improcedencia de la acción de tutela para ordenar el pago directo de sumas de dinero, remitiendo la solución al proceso administrativo y judicial correspondiente, en especial al proceso de reestructuración de pasivos.
• Se confirma la competencia exclusiva del municipio para reconocer y pagar las obligaciones laborales reclamadas, sin que el promotor del acuerdo o la Contraloría Municipal puedan intervenir en ese aspecto.
• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mantiene su participación en el proceso en calidad de tercero con interés, sin que se le reconozca legitimación pasiva para responder por las obligaciones reclamadas.

La decisión del Consejo de Estado ratifica la importancia de respetar el derecho fundamental de petición como mecanismo esencial para la protección de derechos y la transparencia en la gestión pública, mientras que delimita el alcance de la acción de tutela en casos donde existen mecanismos legales adecuados para la resolución de conflictos. En consecuencia, se espera que el municipio cumpla con las órdenes impartidas y que el proceso de reestructuración de pasivos avance conforme a la normativa vigente, garantizando así el equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la viabilidad financiera de la entidad territorial.