Naturaleza de la providencia y competencia
La Sala Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para resolver impugnaciones en materia de tutela contra providencias judiciales, conoció la impugnación interpuesta contra la sentencia del 28 de mayo de 2026, dictada por la Sección Segunda, Subsección A de la misma corporación, que negó el amparo solicitado.
Sentido de la decisión
La Sala resolvió:
- Revocar la sentencia del 28 de mayo de 2026 que negó el amparo solicitado.
- Declarar improcedente la acción de tutela instaurada contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por no superar el requisito de relevancia constitucional.
- Ordenar notificar a las partes y terceros interesados conforme a la ley.
- Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Razón principal de la decisión
El auto fundamenta la improcedencia de la acción de tutela en la falta de relevancia constitucional del caso. La controversia planteada se circunscribe a una discusión de índole legal sobre la interpretación del cálculo del mandamiento de pago en un proceso ejecutivo, específicamente en torno a la inclusión de la indexación del capital y los intereses moratorios.
El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional, que requiere, entre otros presupuestos, que la controversia tenga relevancia constitucional. En este caso, el debate no trasciende la mera inconformidad con la interpretación jurídica realizada por el juez natural ni evidencia una vulneración grave de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
Además, el auto señala que la tutela no puede funcionar como una tercera instancia ni como un mecanismo para reabrir debates propios de la jurisdicción ordinaria, respetando así la autonomía e independencia judicial.
Antecedentes relevantes
El proceso se originó con la presentación de una acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en un proceso ejecutivo en el que un fondo de capital privado, como cesionario de derechos económicos derivados de una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, reclamaba el reconocimiento de un pago que incluyera la indexación del capital y los intereses moratorios.
El juzgado y el tribunal administrativo confirmaron el mandamiento de pago por un valor que, según la autoridad judicial, incorporaba el reajuste anual y la indexación correspondientes, pero excluía los intereses moratorios, que debían liquidarse posteriormente.
La parte accionante alegó que tales decisiones vulneraban sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, por una supuesta interpretación errónea de las normas aplicables y desconocimiento del precedente judicial.
La primera instancia del Consejo de Estado negó el amparo al concluir que no se configuraban las vulneraciones alegadas, determinación que fue impugnada.
Efectos jurídicos
La declaratoria de improcedencia de la acción de tutela implica que la providencia judicial impugnada mantiene su vigencia y efectos jurídicos, vinculando a las partes en el proceso ejecutivo.
El auto ordena la notificación a las partes y terceros interesados y la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que esta entidad pueda ejercer su función de revisión en caso de considerarlo pertinente.
Conclusión
El Consejo de Estado, en esta providencia de segunda instancia, reafirma los parámetros para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y determina que el caso concreto no supera el requisito de relevancia constitucional, declarando improcedente el amparo solicitado. La decisión respeta la autonomía judicial y limita la tutela a casos en los que exista un impacto directo y grave en derechos fundamentales, excluyendo así la revisión de interpretaciones legales en sede de tutela.
Con esta resolución, se garantiza el respeto al debido proceso y la independencia judicial, evitando que la acción de tutela sea utilizada como un mecanismo para reabrir debates legales ya decididos en la jurisdicción ordinaria, fortaleciendo así la seguridad jurídica y el ordenamiento judicial.
