Naturaleza de la providencia y competencia

Se trata de un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado en primera instancia, mediante el cual se analiza la procedencia de una acción de tutela contra providencia judicial dictada por la Sección Segunda, Subsección A del mismo tribunal.

Sentido de la decisión

• Declarar improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.
• Ordenar la notificación de la decisión a las partes intervinientes conforme al procedimiento legal.
• Establecer que, en caso de no interponerse recurso en el término legal, se remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Antecedentes relevantes

Un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva. La acción se originó a raíz de una sentencia emitida el 28 de noviembre de 2025, que revocó una decisión previa del Tribunal Administrativo del Atlántico y negó las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de una relación laboral derivada de contratos de prestación de servicios con una entidad pública. El accionante cuestionó la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada por la autoridad judicial, argumentando defectos fácticos, sustantivos, desconocimiento de precedentes y falta de motivación suficiente en la providencia recurrida.

Fundamento principal de la decisión

El Consejo de Estado evaluó los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el requisito de relevancia constitucional, conforme a la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Se concluyó que la impugnación no supera dicho requisito, dado que la controversia se limita a una inconformidad con la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada por el juez natural dentro del proceso ordinario. El amparo no puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir debates probatorios o jurídicos ya resueltos. No se identificó actuación arbitraria o violatoria de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez de tutela ni un debate jurídico de clara relevancia constitucional. Por ello, se declaró improcedente la acción de tutela.

Efectos jurídicos de la decisión

La decisión vincula a las partes involucradas en el proceso, confirmando la imposibilidad de utilizar la acción de tutela como mecanismo para revisar decisiones judiciales que no cumplan con el requisito de relevancia constitucional. El auto ordena la notificación a las partes y, ante la ausencia de recurso, remite el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Intervenciones y trámite procesal

La autoridad judicial accionada solicitó negar las pretensiones de la tutela, sosteniendo que la sentencia cuestionada valoró integralmente el acervo probatorio y aplicó la jurisprudencia pertinente sin desconocer precedentes ni faltar a la motivación. La entidad pública demandada también solicitó negar la tutela, argumentando que no se vulneraron derechos fundamentales y que el proceso judicial se desarrolló respetando las garantías del debido proceso. Una de las autoridades judiciales de primera instancia fue vinculada como tercero con interés legítimo. Las notificaciones se realizaron conforme a lo previsto en la ley.

Conclusión

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, determinó que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que declaró improcedente el amparo solicitado contra la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A que revocó la decisión de primera instancia. Esta decisión reafirma el carácter excepcional de la tutela en el ámbito judicial y la necesidad de respetar los límites procesales establecidos para la protección de derechos fundamentales. De este modo, se garantiza la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia en el país.