Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, en primera instancia, respecto de una acción de tutela interpuesta contra providencias judiciales emitidas por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sentido de la decisión

• Se declaró improcedente la acción de tutela presentada contra la providencia del 11 de marzo de 2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
• Se ordenó notificar a las partes y se dispuso que, en caso de no ser impugnada la decisión, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que la acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo se limitaba a expresar una inconformidad con la decisión judicial ordinaria, sin evidenciar una vulneración efectiva y flagrante a derechos fundamentales. La acción pretendía, en esencia, reabrir el debate jurídico que ya había sido resuelto en el proceso ordinario, lo cual está vedado en la tutela contra providencias judiciales según la jurisprudencia constitucional.

Antecedentes fácticos y procesales

• El actor promovió una acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con un concurso público y abierto de méritos para la provisión de cargos en la planta de personal docente de una universidad pública.
• En primera instancia, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones demandadas, declarando la nulidad de ciertos actos administrativos relacionados con el concurso y ordenando indemnización por perjuicios.
• Las partes interpusieron recurso de apelación, y la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó parcialmente la decisión, declarando la nulidad parcial de uno de los actos administrativos y modificando la indemnización ordenada.
• El accionante alegó defectos procedimentales, fácticos y sustantivos en la providencia de segunda instancia, así como violaciones directas a la Constitución, y solicitó la tutela para que se revocaran dichas sentencias o se retrotrajeran las actuaciones del concurso.
• Las autoridades judiciales y demás intervinientes en el proceso se opusieron a la solicitud de tutela, argumentando que no se acreditaban los presupuestos de procedibilidad, en particular la relevancia constitucional y la subsidiariedad, y que la tutela no puede constituir una tercera instancia para reabrir debates jurídicos ya resueltos.

Efectos jurídicos de la decisión

• La declaración de improcedencia implica que la providencia judicial impugnada permanece vigente y no es objeto de modificación ni revocación mediante la acción de tutela.
• La decisión vincula a las partes y autoridades involucradas en el proceso.
• En caso de no interponerse recursos contra este auto, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma la importancia del respeto a las instancias judiciales ordinarias y la estricta aplicación de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, evitando que esta se convierta en un mecanismo para reabrir procesos jurídicos ya concluidos.