Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia analizada corresponde a un auto de trámite proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el marco de un medio de control de nulidad.

Sentido de la decisión

El tribunal resolvió rechazar la solicitud de trámite de medida cautelar de urgencia presentada por la parte actora, la cual tenía por objeto la suspensión provisional de la Resolución Conjunta núm. 001350 de 2026.

• Solicitud presentada: suspensión provisional de la Resolución Conjunta que adopta una política nacional intersectorial en materia de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos.
• Decisión: rechazo de la solicitud de medida cautelar de urgencia.

Razón principal de la decisión

La Sala Unitaria concluyó que no se evidenció una situación de urgencia que requiriera adoptar una medida cautelar sin previo trámite de notificación a las autoridades demandadas. Para ello, se consideró que:

• Los efectos ordinarios derivados de la ejecución del acto administrativo no constituyen un riesgo cierto e inminente que haga nugatoria la medida si se adopta luego del traslado previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
• La implementación del acto es progresiva y se encuentra sometida a un término de seis meses para la adopción de planes de acción, lo que desvirtúa la necesidad de una intervención judicial inmediata.
• No se acreditó una amenaza concreta, inmediata e irreparable sobre los derechos de los menores de edad ni sobre otros derechos constitucionales invocados.
• La suspensión solicitada no generaría un vacío normativo, pues la educación para la sexualidad continúa bajo el marco legal vigente y no suspendido.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Con la demanda se solicitó también la suspensión provisional de la Resolución Conjunta que adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, expedida por varios ministerios. La parte actora fundamentó la solicitud en presuntas violaciones normativas y en la urgencia por la ejecución inmediata de la política, que implicaría obligaciones a entidades territoriales, instituciones educativas y prestadores de servicios de salud, entre otros. El auto hace una revisión preliminar de los argumentos sobre posible incompetencia de las autoridades que expidieron la resolución y la supuesta incompatibilidad temporal entre la norma habilitante y la vigencia de la política adoptada. Sin embargo, estas consideraciones no bastaron para acreditar la urgencia requerida para la medida cautelar sin contradicción.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia rechaza la adopción inmediata de la medida cautelar de urgencia sin previo trámite de notificación a las autoridades demandadas, vinculando a las partes procesales y preservando el derecho a la defensa y contradicción en el proceso. La decisión implica que la Resolución Conjunta continuará vigente y en curso de ejecución mientras se surte el trámite procesal ordinario y se resuelva el fondo del asunto. Las entidades involucradas mantienen la obligación de cumplir con el acto administrativo en tanto no exista una decisión judicial que disponga lo contrario. De esta manera, el Consejo de Estado reafirma la importancia del debido proceso y la necesidad de respetar los procedimientos legales establecidos antes de adoptar medidas que puedan afectar la implementación de políticas públicas de trascendental impacto social. La resolución garantiza que el juicio continúe con todas las garantías procesales para las partes involucradas, evitando decisiones apresuradas que podrían afectar el desarrollo de la política nacional en materia de sexualidad y derechos reproductivos.