Naturaleza de la providencia y tribunal
La providencia es una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en segunda instancia, en revisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Sentido de la decisión
- Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la resolución oficial y su confirmatoria mediante las cuales se determinó la obligación tributaria por el impuesto de alumbrado público correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2013.
- Se niegan las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad demandante.
- Se condena en costas a la parte demandante en ambas instancias, incluyendo agencias en derecho equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente.
Razón principal de la decisión
El Consejo de Estado determinó que, aunque la normativa local prevé la posibilidad de que el impuesto de alumbrado público sea recaudado a través de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, dicha figura no es exclusiva ni implica la sustitución automática del sujeto pasivo. En ausencia de un convenio de recaudo con la empresa suministradora de energía eléctrica, el Distrito conserva la facultad para fiscalizar, determinar y cobrar directamente el impuesto. Asimismo, aunque no exista un procedimiento especial en la normativa local para la determinación oficial de este impuesto, la administración puede aplicar de manera supletoria el procedimiento administrativo general previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Además, se concluyó que el trámite administrativo adelantado cumplió con las garantías del debido proceso, incluyendo la expedición de un acto previo —denominado requerimiento— que permitió al contribuyente conocer, controvertir y pronunciarse sobre los elementos de la obligación tributaria antes de expedir la liquidación oficial definitiva. Por lo tanto, no se configuró un vicio de trámite irregular ni vulneración del derecho de defensa.
Antecedentes fácticos y procesales
El Distrito notificó a la sociedad demandante un requerimiento en octubre de 2016 para el pago del impuesto de alumbrado público por los periodos de enero a diciembre de 2013, cuyo cálculo se basó en el consumo de energía eléctrica reportado por la empresa comercializadora del servicio. La demandante interpuso recurso de reconsideración que fue resuelto con la confirmación de la obligación tributaria.
Posteriormente, la sociedad presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que determinaron el impuesto, alegando irregularidades en el procedimiento, falta de competencia de la entidad, ausencia de motivación suficiente y violación del principio de justicia tributaria. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos por considerar que el procedimiento no estaba previsto en la normativa local y que se vulneraron las garantías del debido proceso.
El Distrito interpuso recurso de apelación contra dicha decisión.
Efectos jurídicos de la decisión
La sentencia revocatoria vincula a la administración territorial y al contribuyente en el caso concreto, confirmando la validez y ejecutoriedad de los actos administrativos impugnados, y habilitando la continuidad del procedimiento para el cobro del impuesto de alumbrado público. Asimismo, impone a la sociedad demandante la condena en costas y agencias en derecho por el trámite judicial.
Consideraciones adicionales
El Consejo de Estado estableció criterios interpretativos relevantes para casos similares:
- El recaudo del impuesto de alumbrado público a través de prestadores de servicios públicos no es exclusivo ni sustituye automáticamente al sujeto pasivo.
- La ausencia de convenio de recaudo con la empresa suministradora no excluye la competencia directa del ente territorial para determinar y cobrar el tributo.
- En ausencia de procedimiento especial, es aplicable de manera supletoria el procedimiento administrativo general, garantizando el debido proceso.
- La exigibilidad del tributo no depende de la obligación formal de declarar por parte del contribuyente.
- La expedición de un acto previo es indispensable para garantizar el derecho de defensa, independientemente de la obligación de declarar.
- La validez del acto administrativo se determina por su contenido y efectos, no por la denominación formal que reciba.
- Debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formas, siempre que se respeten las garantías procesales y el interés general en el recaudo fiscal.
Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma la importancia de respetar las garantías procesales en la administración tributaria y establece un precedente que fortalece la potestad de los entes territoriales para fiscalizar y cobrar impuestos, incluso en ausencia de convenios específicos con empresas prestadoras de servicios públicos. Esto contribuye a una mayor seguridad jurídica y a la efectividad en la recaudación de tributos locales.
