Naturaleza de la providencia y competencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de un Tribunal Administrativo que negó las pretensiones de reparación directa. La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de este tipo de procesos cuando se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados por actos administrativos.

Sentido de la decisión

• Se confirma la negativa a las pretensiones de la demanda, al no acreditarse la existencia de daño antijurídico ocasionado por la inscripción del acto administrativo ambiental en los folios de matrícula inmobiliaria de los demandantes.
• Se revoca parcialmente la condena en costas de primera instancia, fijando las agencias en derecho a cargo de la parte demandante en una suma inferior a la establecida originalmente.
• No se condena en costas en segunda instancia, dado que el recurso prosperó parcialmente.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado concluyó que no se acreditó el elemento esencial para la responsabilidad patrimonial estatal, esto es, la existencia de un daño cierto, personal y determinado o determinable. En particular, los demandantes no demostraron que la inscripción del acto administrativo ambiental haya provocado una desvalorización real y efectiva de los inmuebles ni que se haya restringido la actividad agrícola que desarrollaban. Además, el juramento estimatorio aportado como medio probatorio no es aplicable en la jurisdicción contenciosa administrativa y los dictámenes periciales presentados carecieron de valor probatorio debido a la inasistencia de los peritos a la audiencia de contradicción.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El caso se originó con la expedición de un acto administrativo que declaró una reserva forestal regional, medida que fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria de varios predios de propiedad de los demandantes, quienes alegaron que dicha inscripción causó una desvalorización automática y perjuicios económicos. La demanda de reparación directa fue presentada contra la corporación autónoma regional responsable de la medida ambiental, solicitando declaraciones y condenas por daños y perjuicios. El Tribunal Administrativo negó las pretensiones por falta de prueba del daño y de su cuantificación, señalando que no se acreditó la afectación real a la actividad económica ni la desvalorización efectiva de los predios. En particular, descartó el juramento estimatorio como prueba suficiente y no valoró los dictámenes periciales por la incomparecencia de los peritos que los suscribieron. En segunda instancia, la parte demandante apeló la decisión, insistiendo en la validez del juramento estimatorio y en la valoración de los dictámenes periciales aportados por una persona jurídica. También apeló la condena en costas impuesta. El Consejo de Estado confirmó la inadmisibilidad del juramento estimatorio en esta jurisdicción y la decisión de no valorar los dictámenes periciales por incumplimiento del deber de sustentación en audiencia. Asimismo, revocó parcialmente la condena en costas de primera instancia.

Efectos jurídicos de la decisión

• La corporación autónoma regional no tiene obligación de indemnizar a los demandantes por la supuesta desvalorización de los inmuebles derivada de la inscripción del acto administrativo ambiental.
• Se obliga a la parte demandante a pagar las costas y agencias en derecho de la primera instancia en la cuantía fijada por el Consejo de Estado.
• No se imponen costas en segunda instancia a la parte apelante, dado que el recurso prosperó parcialmente.
• La decisión es definitiva y se ordena la devolución del expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.