Naturaleza de la providencia y tribunal
La providencia corresponde a un
auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en segunda instancia procesal.
Sentido de la decisión
- Decretar la suspensión del proceso judicial por un término de tres (3) meses, contados desde el 14 de julio de 2026 hasta el 14 de octubre de 2026.
- Ordenar la reanudación automática del proceso una vez vencido el plazo señalado, o antes si las partes lo solicitan de común acuerdo.
Razón principal de la decisión
La suspensión se fundamenta en el numeral 2 del artículo 161 del Código General del Proceso (CGP), que permite suspender el proceso cuando las partes lo solicitan de común acuerdo y por tiempo determinado. En este caso, la solicitud conjunta de suspensión se realizó debido a que en sede administrativa se adelantan trámites para que la parte demandante pueda acogerse a la conciliación contencioso administrativa. Esta figura exige que no exista sentencia o decisión judicial en firme que ponga fin al proceso, por lo que la suspensión es necesaria para cumplir con este requisito.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso corresponde a una demanda contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las partes presentaron una solicitud conjunta para suspender el trámite judicial, debido a que se encuentran adelantando en la administración pública los procedimientos para acceder a la conciliación contencioso administrativa. La demanda está en etapa de resolución sobre una solicitud de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia. La suspensión se solicitó y concedió antes de que exista una sentencia en firme que afecte la posibilidad de conciliación.
Efectos jurídicos de la providencia
- El proceso queda suspendido ipso iure durante el plazo de tres meses, lo que implica la interrupción de todas las actuaciones judiciales relacionadas.
- La suspensión obliga a las partes y al tribunal a abstenerse de continuar con el trámite procesal hasta la fecha de reanudación.
- Finalizado el plazo, el proceso se reanudará de manera inmediata de oficio o antes, si las partes así lo acuerdan y solicitan.
Conclusión
La decisión del Consejo de Estado refleja la importancia de permitir que las partes exploren mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación contencioso administrativa, antes de continuar con el proceso judicial. La suspensión temporal del proceso pretende garantizar el derecho a la conciliación sin que se afecte la validez del procedimiento judicial, contribuyendo así a una justicia más eficiente y colaborativa.
