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• Proyecto de Ley 102 de 2026 Cámara (Ley Antitrámites 2.0)
• Exposición de motivos del Proyecto de Ley 102 de 2026

Proyecto de Ley 102 de 2026 Cámara: Ley Antitrámites 2.0

El proyecto de ley tiene por objeto fortalecer la política de racionalización, simplificación, estandarización, digitalización y automatización de trámites y procedimientos administrativos mediante el uso responsable de la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

El documento establece medidas dirigidas a reducir las cargas administrativas para personas naturales y jurídicas, evitar la solicitud reiterada de documentos en poder del Estado, facilitar el acceso a servicios públicos y promover servicios digitales proactivos y personalizados, garantizando además la transparencia, seguridad y supervisión humana en sistemas automatizados.

El ámbito de aplicación comprende a organismos y entidades de todas las ramas del poder público, órganos autónomos, entidades territoriales, entidades administrativas de régimen especial, empresas estatales con funciones administrativas, particulares que ejerzan funciones públicas y prestadores de servicios públicos con actuaciones administrativas.

Principales disposiciones y contenidos del proyecto

El articulado detalla definiciones clave como automatización, carpeta ciudadana digital, interoperabilidad, inteligencia artificial, servicio proactivo, sistema de alto impacto, trazabilidad, entre otras.

Se establecen principios rectores que guían la interpretación y aplicación de la ley, tales como la centralidad de la persona, interoperabilidad, seguridad digital, transparencia, responsabilidad institucional, inclusión y no discriminación.

El proyecto contiene una regulación específica sobre:

• Interoperabilidad obligatoria entre entidades para el intercambio seguro de datos y documentos.
• Creación del Registro Nacional de Servicios de Intercambio de Información y Registro Público de Sistemas de Inteligencia Artificial del Estado.
• Inventario de información solicitada al ciudadano y supresión progresiva de certificados aportados por los interesados.
• Medidas para garantizar la calidad, actualización y trazabilidad de la información pública.
• Fortalecimiento y funcionalidades de la Carpeta Ciudadana Digital.
• Gestión de riesgos de seguridad digital en sistemas y servicios para trámites.
• Uso de inteligencia artificial para simplificación, con clasificaciones según impacto y prohibiciones específicas para usos indebidos.
• Evaluación de impacto algorítmico previa a la implementación de sistemas de alto impacto, incluyendo participación ciudadana y publicación de informes.
• Derechos de los ciudadanos frente a decisiones automatizadas, como derecho a explicación, revisión humana y mecanismos de reclamación.
• Automatización de actuaciones administrativas de verificación y adopción de decisiones automatizadas favorables bajo condiciones objetivas.
• Implementación de trámites y servicios proactivos y alertas predictivas para informar anticipadamente a los ciudadanos.
• Revisión periódica obligatoria de trámites con evaluación de necesidad regulatoria y criterios para mantener, modificar o eliminar trámites.
• Medición de cargas administrativas mediante metodología coordinada por entidades administrativas y de planeación.
• Garantías de inclusión, accesibilidad y atención multicanal para evitar exclusión por condiciones tecnológicas o de discapacidad.
• Creación del Comité Nacional para el Estado Inteligente y Antitrámites 2.0 como instancia de coordinación y orientación.
• Régimen de control disciplinario, fiscal y de cumplimiento con acciones frente a incumplimientos de la ley.
• Estrategia de implementación territorial progresiva con cofinanciación y asistencia técnica para entidades con menores capacidades.
• Disposiciones finales sobre reglamentación, vigencia, derogatorias y armonización con normas previas.

Exposición de motivos

El documento explica que el proyecto busca actualizar la política de racionalización de trámites frente a los avances tecnológicos, destacando la necesidad de ir más allá de la mera digitalización para lograr una transformación efectiva mediante interoperabilidad, automatización responsable e inteligencia artificial con controles adecuados.

Se fundamenta en competencias constitucionales para legislar y en diversos preceptos constitucionales relacionados con derechos fundamentales, función administrativa y protección de datos.

El proyecto se articula con el ordenamiento jurídico vigente sin sustituirlo, integrando leyes, decretos y políticas nacionales relevantes en materia de simplificación administrativa, digitalización e inteligencia artificial.

Se presentan antecedentes normativos y un diagnóstico de las cargas administrativas persistentes, fragmentación institucional, digitalización incompleta, ausencia de marco específico para inteligencia artificial, falta de revisión periódica de trámites y ausencia de consecuencias frente al incumplimiento.

También se expone la justificación económica y logística, el impacto social, territorial y fiscal, y referencias a experiencias internacionales sobre interoperabilidad y gobernanza de inteligencia artificial.

Finalmente, se señala que la iniciativa promueve una administración pública más sencilla, coordinada, segura y cercana a las personas, con obligaciones exigibles y mecanismos de control y participación ciudadana, contribuyendo así a un Estado moderno y eficiente que responda a las necesidades de la ciudadanía en la era digital.