Naturaleza de la providencia y tribunal
La providencia corresponde a un
auto emitido por un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de impugnación de una providencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Sentido de la decisión
- Se aceptó la declaración de impedimento formulada por el Magistrado para conocer el proceso.
- Se ordenó remitir el asunto al despacho del Magistrado Ponente para que continúe con el conocimiento de la acción constitucional.
Razón principal de la decisión
La causal de impedimento se fundamentó en que la Magistrada integrante de la Sala de Familia del Tribunal Superior, que profirió la providencia impugnada, es compañera permanente del Magistrado que declaró el impedimento. Esta circunstancia encuadra en la causal 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, la cual prohíbe conocer de un asunto cuando exista una relación personal que pueda afectar la imparcialidad.
Antecedentes relevantes
La acción constitucional cuestionó una providencia dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior. El Magistrado que emitió el auto declaró su impedimento para integrar la Sala que resolvería la impugnación, debido a la relación personal con una Magistrada que participó en la providencia impugnada.
Efectos jurídicos de la decisión
El auto genera la obligación de que el Magistrado impedido se abstenga de intervenir en el conocimiento del asunto concreto. Asimismo, dispone que el expediente sea remitido al despacho del Magistrado Ponente para que continúe con el trámite correspondiente. Esta determinación persigue asegurar la garantía de imparcialidad en el proceso judicial.
Resumen final
El auto admite la solicitud de impedimento fundada en una relación personal entre magistrados, conforme a la normativa procesal penal vigente. Como consecuencia, se ordena la exclusión del Magistrado impedido del conocimiento del asunto y la remisión del expediente al Magistrado Ponente para la continuación del trámite. De esta manera, se garantiza el debido proceso y la transparencia en la administración de justicia, fortaleciendo la confianza en las instituciones judiciales.
