El Gobierno Nacional presentó una objeción presidencial al proyecto de ley número 056 de 2024 Cámara, 345 de 2024 Senado, que busca prohibir la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos directivos en el sector público y en empresas con participación estatal a nivel nacional. Esta objeción fue comunicada a la Cámara de Representantes, devolviendo el proyecto sin sanción presidencial para que continúe su trámite constitucional.

Fundamentos de la objeción por inconstitucionalidad

En primer lugar, se señala la desnaturalización de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al exigir un concepto previo obligatorio para modificar manuales de funciones, lo cual altera su carácter consultivo y no vinculante, y vulnera la separación de poderes al atribuir funciones de coadministración judicial. Además, se advierte una invasión de competencias del Ejecutivo, al limitar la potestad presidencial de ordenar la estructura del empleo público y reglamentar los requisitos de los cargos directivos. El proyecto impone una petrificación legislativa, prohibiendo la disminución futura de los requisitos mínimos, lo que limita la capacidad de adaptación y flexibilización administrativa. También se critica la subjetivización del empleo público y la violación del debido proceso disciplinario, al tipificar como falta gravísima la modificación de requisitos que disminuya los estándares anteriores, sin considerar la proporcionalidad, tipicidad y culpabilidad, afectando principios de mérito e igualdad en el acceso a la función pública. Finalmente, se destaca una indeterminación normativa que contraviene el principio de unidad de materia, al incluir disposiciones de aplicación general para todo el sector público y otras específicas para la rama ejecutiva, generando contradicciones e inseguridad jurídica.

Consideraciones de inconveniencia

El Gobierno argumenta que la norma resulta innecesaria, pues el Decreto Ley 770 de 2005 ya establece límites y requisitos mínimos para los cargos directivos, con suficiencia técnica y legal. La nueva ley generaría redundancia y saturación regulatoria. Asimismo, se advierte que el proyecto provocaría rigidez institucional y burocratización, al imponer múltiples etapas previas para la adecuación de perfiles, retrasando la provisión de cargos directivos y afectando la eficiencia administrativa. Se alerta también sobre el bloqueo al relevo generacional y la perpetuación de barreras elitistas, ya que la prohibición de flexibilizar requisitos impedirá la incorporación de jóvenes talentos, profesionales de regiones apartadas y sectores sociales diversos, afectando la diversidad y modernización del sector público. Por estas razones, el Gobierno recomienda archivar el proyecto o revisarlo conforme a los argumentos expuestos, para evitar impactos negativos en la administración pública y garantizar el respeto a la Constitución. De este modo, la objeción presidencial abre un espacio para el debate legislativo sobre la flexibilización y modernización de los requisitos para cargos directivos, buscando un equilibrio entre la calidad técnica del empleo público y la adaptabilidad a las necesidades institucionales y sociales. El proceso continuará en el Congreso, donde se espera se consideren las observaciones y se construyan consensos que fortalezcan la gestión pública en el país.