Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de una sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra actos administrativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sentido de la decisión

• Se confirma la sentencia que negó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión y las Resoluciones relacionadas dictadas por la DIAN, que adicionaron renta líquida gravable por activos omitidos correspondientes al año gravable 2013.
• Se confirma que la garantía otorgada por aseguradoras conforme al artículo 860 del Estatuto Tributario cubre tanto las solicitudes de devolución como las de compensación de saldos a favor.
• Se condena en costas a la parte demandante en esta instancia, fijando las agencias en derecho en un salario mínimo legal vigente.
• Se reconoce personería al abogado apoderado de la demandada conforme al poder conferido.

Antecedentes relevantes

La controversia surge tras la expedición por la DIAN de una liquidación oficial de revisión que modificó la declaración de renta de una sociedad en liquidación, adicionando como renta líquida un valor correspondiente a un activo omitido. Dicho activo se relaciona con anticipos pagados por la sociedad a otra entidad para la adquisición de derechos en un contrato de exploración y producción de hidrocarburos. La administración tributaria consideró que la sociedad omitió activos por un valor aproximado de $4.617 millones, derivado de la diferencia entre los anticipos pagados y la cuenta por cobrar reflejada en la contabilidad. La sociedad defendió que dicha disminución se justificó mediante un cruce de cuentas contra un pasivo a favor de un tercero, que recibió la cesión parcial de los derechos económicos adquiridos. Además, las aseguradoras que otorgaron una póliza de garantía conforme al artículo 860 del Estatuto Tributario impugnaron la exigibilidad solidaria de la obligación derivada de la compensación del saldo a favor, argumentando que la garantía solo cubre devoluciones y no compensaciones.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en dos ejes principales:

• Interpretación del artículo 860 del Estatuto Tributario: La Sala determinó que la garantía puede cubrir válidamente tanto las solicitudes de devolución como las de compensación de saldos a favor, dado que la norma y su reglamentación contemplan ambos mecanismos como formas de reconocimiento y recuperación de acreencias a favor del contribuyente. La póliza de seguro en cuestión expresamente amparaba el “valor objeto de devolución y/o compensación”, lo que se ajusta a la regulación vigente y a la naturaleza del riesgo asegurado.
• Valoración probatoria sobre la adición de renta líquida gravable: En cuanto a la adición por presunta omisión de activos, la Sala confirmó que la disminución del activo declarado no fue suficientemente acreditada. Esto porque el cruce de cuentas entre activos y pasivos no se justificó suficientemente con soportes externos e internos idóneos, ni se acreditó el pasivo con el cual se compensó el activo. Tampoco se demostraron plenamente los efectos económicos de dicha compensación ni el cumplimiento de las obligaciones que la generaron, por lo que la adición de renta líquida gravable y la sanción por inexactitud fueron procedentes.

Efectos jurídicos de la decisión

• Los actos administrativos impugnados se mantienen vigentes y producen efectos jurídicos vinculantes para las partes, en particular para la sociedad contribuyente y las aseguradoras garantes solidarias.
• Las aseguradoras seguirán respondiendo solidariamente conforme a lo previsto en la póliza de garantía y el artículo 860 del Estatuto Tributario, tanto para devoluciones como para compensaciones de saldos a favor.
• La parte demandante deberá asumir las costas del proceso en esta instancia, según lo ordenado por la Sala.
• Se reconoce formalmente la personería del abogado apoderado de la demandada para continuar el proceso.

Con esta decisión, el Consejo de Estado clarifica el alcance de las garantías en materia tributaria y reafirma la importancia de la adecuada justificación documental para la modificación de las bases gravables. Así, se fortalece la seguridad jurídica en los procesos tributarios y se garantiza el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y sus garantes.