Entidad proponente y objeto del proyecto
El proyecto de resolución fue propuesto por la Contraloría General de la República. Su objeto es adoptar la política institucional de participación ciudadana de la entidad, fortalecer el control social sobre su gestión y sobre los sujetos de vigilancia y control fiscal, actualizar las disposiciones que regulan el Sistema de Control Fiscal Participativo (SCFP) y el Sistema de Servicio al Ciudadano (SSC), y desarrollar otras disposiciones relacionadas.
Disposiciones y obligaciones propuestas
El proyecto establecería las siguientes disposiciones y obligaciones:
- Adoptaría la política institucional de participación ciudadana para promover y fortalecer la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública y sus resultados, tanto en la administración interna de la Contraloría como en los sujetos de control fiscal.
- Actualizaría el Sistema de Control Fiscal Participativo, definiendo sus principios, finalidades, procesos, modalidades de intervención, servicios, productos e insumos, con énfasis en la integración entre control social y control fiscal.
- Regularía el Sistema de Servicio al Ciudadano, estableciendo políticas, objetivos y mecanismos para garantizar la atención, orientación, acceso a la información, control social y rendición de cuentas con calidad y oportunidad.
- Asignaría responsabilidades de dirección, coordinación y aplicación de la política a la Vicecontraloría y a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con funciones específicas en los sistemas mencionados.
- Definiría procesos para la gestión de intervenciones de control ciudadano y la gestión de derechos de petición, incluyendo etapas de planeación, ejecución, consolidación e integración.
- Establecería modalidades de intervención para el control ciudadano, tales como evaluación participativa de la gestión pública, control social a la contratación pública, marketing para el control social, formación en técnicas y herramientas, especial seguimiento participativo y compromiso para la puesta en funcionamiento de obras o proyectos críticos.
- Disponer mecanismos para la protección y tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.
- Incorporaría criterios de inclusión, accesibilidad, enfoque diferencial y territorial para garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a los mecanismos de participación y servicio.
- Actualizaría procedimientos y documentos relacionados con la implementación de la política y los sistemas, con un plazo máximo de seis meses para su elaboración y adopción.
- Disponer el apoyo técnico y logístico de todas las dependencias de la Contraloría para garantizar la operatividad de los sistemas.
- Derogaría disposiciones anteriores relacionadas con la participación ciudadana y control fiscal participativo, una vez vencido el término transitorio de seis meses para la implementación del nuevo marco.
Ámbito de aplicación y sujetos vinculados
El proyecto tendría aplicación nacional y vincularía a la Contraloría General de la República, sus dependencias centrales y desconcentradas, y a la ciudadanía en general, incluyendo organizaciones y redes de veedurías ciudadanas. También afectaría a los sujetos y objetos de vigilancia y control fiscal de la entidad, en todos los niveles administrativos.
Excepciones y consideraciones
El proyecto señalaría expresamente que la participación ciudadana no implicaría delegación ni transferencia de las funciones constitucionales y legales de la Contraloría General de la República. Asimismo, el control social ejercido autónomamente por la ciudadanía no sería asumido ni administrado por el Estado.
Plazo y mecanismos de participación ciudadana
El documento oficial no especifica expresamente el plazo para presentar comentarios u observaciones, ni los canales o mecanismos para la participación ciudadana. Por tanto, se indicaría que los interesados pueden consultar la publicación oficial del proyecto para conocer estos detalles y ejercer su derecho de participación conforme a la normativa vigente.
Base legal y modificaciones normativas
El proyecto fundamentaría su expedición en las atribuciones constitucionales y legales conferidas a la Contraloría General de la República, en especial por el Decreto Ley 267 de 2000 y el Acto Legislativo 04 de 2019 que reforma el régimen de control fiscal. Además, actualizaría y derogaría, una vez en firme, varios actos administrativos previos relacionados con la participación ciudadana y el control fiscal participativo, tales como la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 049 de 2019 y la Resolución Organizacional 0523 de 2016, entre otras.
Conclusión
Este proyecto de resolución propone un marco institucional integral para la participación ciudadana en la Contraloría General de la República, definiendo instrumentos y procesos para fortalecer el control social y el servicio al ciudadano en el ejercicio del control fiscal. Se encuentra actualmente en etapa de consulta pública y no genera efectos jurídicos hasta su expedición definitiva, por lo que la ciudadanía y demás actores interesados tienen la oportunidad de aportar sus comentarios para enriquecer el contenido y alcance de esta política institucional.
