Contexto y antecedentes normativos

El Decreto 0287 de 2026 reglamenta los numerales 1, 7 y 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en cumplimiento de una orden judicial que evidenció omisiones en la reglamentación previa contenida en el Decreto 392 de 2018. Este nuevo decreto establece un Sistema Integral de Preferencias dirigido a promover la inclusión laboral y la participación efectiva de las personas con discapacidad (PcD) en los procesos de contratación pública. Este sistema comprende cinco medidas afirmativas que deben aplicarse en todas las etapas contractuales: planeación, selección, adjudicación y ejecución. Entre estas medidas se destacan criterios habilitantes diferenciales, condiciones especiales de ejecución, la inclusión de PcD en contratos de prestación de servicios y la obligación de realizar compras públicas accesibles.

Sujetos beneficiarios y alcance del sistema

El sistema beneficia a dos grupos diferenciados: los emprendimientos y empresas de PcD, y los empleadores de PcD. Las medidas aplican según la categoría del sujeto y no son intercambiables. En el primer grupo se incluyen personas naturales o jurídicas con condiciones específicas de propiedad o vinculación laboral de PcD durante al menos un año. En el segundo grupo, se consideran las empresas que cuentan con trabajadores con discapacidad vinculados laboralmente con dedicación exclusiva, superando los mínimos establecidos por la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral).

Puntaje adicional del 2% y requisitos para su acceso

Uno de los incentivos principales es el puntaje adicional del 2% en procesos de licitación pública y concurso de méritos para entidades sujetas al Estatuto General de Contratación Pública. Este puntaje se otorga a quienes acrediten ser emprendimiento o empresa de PcD o ser empleador de PcD; sin embargo, estas condiciones no son acumulables. Para los empleadores de PcD, el decreto exige que las personas con discapacidad estén vinculadas mediante contrato laboral regido por el Código Sustantivo del Trabajo, con dedicación exclusiva, y hayan permanecido en la empresa durante un mínimo de tres meses previos al cierre del proceso de contratación. Esta vinculación se acredita mediante contrato laboral, certificación laboral y certificados de aportes a seguridad social correspondientes a dicho período. Además, el número mínimo de PcD vinculadas para acceder al puntaje varía según el tamaño de la planta de personal, superando los mínimos legales establecidos, como se detalla en la tabla normativa. Es importante destacar que el incumplimiento en mantener estas condiciones durante la ejecución contractual puede constituir causal de incumplimiento.

Aplicación y transición normativa

El Decreto 0287 de 2026 aplica en los procesos con resolución de apertura firmada después del 19 de marzo de 2026. Los procesos en curso continúan sujetos a la regulación anterior hasta su finalización, y las entidades deben esperar las actualizaciones oficiales para incorporar las medidas en los documentos tipo. Este sistema representa un avance significativo en la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Colombia, pasando de una medida residual a un conjunto estructurado de acciones afirmativas que impactan directamente en la contratación pública.

Referencias normativas y fuentes

El decreto se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, y diversas normas internacionales ratificadas por Colombia, así como en sentencias judiciales que ordenaron su expedición. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha emitido circulares y conceptos orientadores para la correcta aplicación del sistema. Para mayor información, la Agencia dispone de guías, conceptos y documentos accesibles en su portal oficial, que facilitan la comprensión y aplicación de estas medidas en el marco de la contratación pública inclusiva. Este esfuerzo normativo busca consolidar un entorno más equitativo y accesible para las personas con discapacidad, promoviendo su participación activa y sostenible en el desarrollo económico y social del país.