El contrato de obra bajo la modalidad llave en mano implica que el contratista asume la obligación de ejecutar la obra desde el diseño inicial hasta la puesta en marcha, incluyendo estudios, diseños, construcción, suministro de equipos y la entrega de una obra funcional. Esta modalidad se utiliza especialmente en grandes proyectos donde la certidumbre sobre el precio final y el plazo es fundamental, trasladando al contratista un mayor volumen de riesgos. Según la Agencia Nacional de Contratación Pública, esta modalidad debe cumplir condiciones básicas como definición precisa del alcance, supervisión técnica especializada, sistema de precios actualizados, limitación en aumentos de plazo, asignación clara de responsabilidades y garantías adecuadas. La modalidad no se limita a la obra constructiva típica, sino que incluye todas las actividades necesarias para que la obra opere en condiciones de eficiencia y seguridad. Respecto a la aplicación de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social (versión 2), vigentes para procesos cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 16 de febrero de 2026, la Agencia establece que es posible adelantar contrataciones integrales que incluyan estudios, diseños y ejecución de obra. Esto es viable mediante la combinación de experiencias contempladas en las matrices sectoriales, como la experiencia del sector vivienda con la experiencia en consultoría para estudios de ingeniería, siempre que la entidad defina claramente la actividad principal y las actividades secundarias conforme a las reglas establecidas. Para incluir actividades como la puesta en marcha de la obra pública, que no se encuentran en la matriz de experiencia aplicable, la entidad puede solicitar experiencia adicional bajo los parámetros del artículo 4 de la Resolución 539 de 2025. Esto implica demostrar en los estudios previos que se verificaron las condiciones de mercado, mantener los requisitos exigidos en los documentos tipo, evitar limitaciones territoriales o temporales y clasificar la experiencia requerida hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios relacionados directamente con el objeto a contratar. La Agencia advierte que la regla general es la inalterabilidad de los documentos tipo, por lo que solo se podrán modificar aspectos señalados expresamente, manteniendo la obligatoriedad en la aplicación de documentos tipo para contratos dentro del ámbito definido por las matrices de experiencia. Finalmente, se recuerda que la Agencia actúa dentro del marco de interpretación de normas generales, sin facultad para resolver casos particulares o controversias específicas, por lo que las decisiones concretas deben adoptar las entidades y, en su caso, las autoridades judiciales o de control correspondientes. Este concepto se sustenta en normatividad vigente, jurisprudencia del Consejo de Estado, doctrina especializada y resoluciones adoptadas en 2025 para el sector de infraestructura social, garantizando una guía clara y precisa para la contratación pública bajo la modalidad llave en mano. Para profundizar en los documentos tipo y conceptos relacionados, la Agencia pone a disposición su portal y sistema de relatoría, además de guías especializadas sobre garantías y otros aspectos contractuales, con el fin de facilitar la adecuada aplicación y cumplimiento de esta modalidad contractual en los procesos de contratación pública.