Documentos contenidos en la Gaceta Nº 1085

• Proyecto de Ley 129 de 2026 Cámara
• Exposición de motivos detallada
• Antecedentes legislativos relacionados
• Justificación técnica y estadística
• Marco normativo y jurisprudencial
• Análisis de conflicto de intereses conforme al artículo 291 de la Ley 5ª de 1992
• Análisis de impacto fiscal
• Fuentes bibliográficas y webgráficas consultadas

Proyecto de Ley 129 de 2026 Cámara

Este proyecto de ley tiene por objeto fortalecer el servicio de extensión agropecuaria en municipios y distritos, estableciendo la participación prioritaria de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA) como Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (Epsea).

El proyecto consta de ocho artículos que incluyen:

• Artículo 1°: Define el objeto de la ley para robustecer la participación de Umata y CPGA en el acompañamiento integral a los productores agropecuarios, promoviendo productividad, sostenibilidad y competitividad.
• Artículo 2°: Modifica el artículo 32 de la Ley 1876 de 2017, otorgando prioridad a Umata y CPGA como Epsea, siempre que se cumplan los requisitos de habilitación, y permite que otras entidades públicas, privadas o mixtas también presten el servicio bajo las condiciones legales.
• Artículo 3°: Adiciona tres parágrafos al artículo 33 de la Ley 1876 de 2017, estableciendo requisitos específicos para la habilitación de las Epsea, incluyendo idoneidad del recurso humano, experiencia, planes de extensión, vínculos con organizaciones de formación, capacidad financiera y situación legal. Se fija que Umata y CPGA no deben cumplir requisitos más estrictos que otras entidades y se reglamenta la vinculación laboral o contractual del personal.
• Artículo 4°: Modifica el artículo 35 de la Ley 1876 de 2017 para que las entidades territoriales seleccionen y contraten las Epsea habilitadas, con requisitos de planeación y calidad. Se establece un puntaje adicional en procesos de selección para proponentes conformados por Umata o CPGA.
• Artículo 5°: Fortalece la capacidad operativa de las Umata, permitiendo que el recurso humano pueda ser provisto por personal de la administración municipal, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para la habilitación.
• Artículo 6°: Modifica el artículo 40 de la Ley 1876 de 2017 para permitir la asociación voluntaria de municipios a través de los CPGA, estableciendo requisitos para funcionarios y directores semejantes a los de las Umata.
• Artículo 7°: Autoriza al Gobierno nacional y entes territoriales a incluir en sus presupuestos los recursos necesarios para fortalecer la participación de Umata y CPGA conforme a disponibilidad fiscal.
• Artículo 8°: Establece la vigencia de la ley a partir de su promulgación y deroga disposiciones contrarias.

Exposición de motivos

El documento presenta un análisis detallado del sector agropecuario y la extensión agropecuaria en Colombia, destacando la importancia del servicio como herramienta pública para mejorar la productividad y competitividad de los productores rurales. Se señalan los retos que enfrentan las Umata en el proceso de habilitación como Epsea y se justifica la necesidad de otorgarles prioridad y condiciones equitativas para su desarrollo.

Además, se incluyen datos estadísticos sobre la situación del sector agropecuario, la distribución territorial de las Epsea habilitadas y la baja participación de entidades públicas territoriales en la prestación del servicio.

Antecedentes legislativos

Se menciona un proyecto de ley previo (número 098-2024 de Cámara) que busca fortalecer las Umata a nivel nacional, presentado en legislatura anterior y aprobado en primer debate en la Comisión Quinta Constitucional Permanente.

Marco normativo y jurisprudencial

Se describe el marco constitucional relevante, incluyendo los artículos 64 y 65 que reconocen el papel del Estado en la promoción del campesinado y la producción alimentaria. Además, se resumen las disposiciones de la Ley 1876 de 2017, que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y regula la prestación del servicio de extensión agropecuaria a través de las Epsea habilitadas por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

También se exponen las resoluciones reglamentarias de la ADR que establecen los procedimientos y requisitos para la habilitación de las Epsea.

En materia jurisprudencial, se menciona la Sentencia C-004 de 2018 de la Corte Constitucional, que confirmó la importancia de la extensión agropecuaria para garantizar derechos fundamentales y el desarrollo rural.

Conflictos de intereses - Artículo 291 de la Ley 5ª de 1992

La gaceta contiene un resumen del régimen aplicable a congresistas respecto a conflictos de intereses, citando la Constitución Política y la legislación vigente. Se definen los conceptos de beneficio particular, actual y directo, y se detallan las circunstancias en que no existe conflicto de interés para los parlamentarios, según criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado.

Análisis de impacto fiscal

Se incluye un análisis que resalta la importancia de explicitar el impacto fiscal de las leyes conforme a la Ley 819 de 2003 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-502 de 2007). Se señala que la evaluación primaria del impacto fiscal recae en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que debe informar y asesorar al Congreso sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Fuentes consultadas

La gaceta enumera las fuentes normativas, jurisprudenciales y estadísticas consultadas, incluyendo la Constitución Política, leyes nacionales, resoluciones de la ADR, informes del DANE, FAO, Analdex, y documentos oficiales relacionados con el sector agropecuario y la extensión agropecuaria.