Medidas para racionalizar el gasto público en comisiones de servicio

La Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación reiteró las medidas que buscan optimizar el uso de los recursos públicos en las comisiones de servicio, en cumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política, el decreto 618 del 17 de junio de 2026, la Resolución No. 451 de 2022 y la Política de Viajes de la Entidad. Entre las principales directrices se destaca la priorización de la virtualidad para reuniones y eventos, autorizando desplazamientos físicos solo cuando sean indispensables y debidamente justificados. Además, se establece que cuando los gastos de manutención, alojamiento o transporte sean cubiertos en su totalidad por terceros, no habrá lugar al reconocimiento ni pago por parte de la Procuraduría. En casos de gastos asumidos parcialmente por terceros, el reconocimiento se limitará solo a los conceptos no cubiertos, tras verificación previa. Para las comisiones sin pernoctar, el reconocimiento de viáticos será hasta el 50% del valor establecido en las normativas vigentes, y para las que sí requieran pernoctar, hasta el 80%, siempre ajustándose a los costos reales y justificando adecuadamente.

Criterios para autorización y control del gasto

La autorización de comisiones y el reconocimiento de gastos deben regirse por criterios de austeridad, necesidad, razonabilidad y eficiencia. El ordenador del gasto debe verificar estas condiciones antes de aprobar cualquier comisión. Asimismo, las solicitudes deben responder a estrictas necesidades del servicio y procurar minimizar la duración y el número de funcionarios desplazados. En situaciones que requieran la participación de varios funcionarios, se debe justificar la necesidad de cada desplazamiento conforme a las funciones y objetivos. La compra de tiquetes debe considerar la planeación y optimización de recursos, buscando tarifas económicas adecuadas, salvo excepciones justificadas. Finalmente, las comisiones hacia zonas con riesgos en seguridad y orden público deberán contar con la valoración previa de riesgo emitida por la División de Seguridad, conforme a la normativa institucional vigente. Estas medidas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal y cumplimiento normativo, para garantizar una administración responsable y transparente de los recursos públicos en la entidad. Con la implementación de estos lineamientos, la Procuraduría General reafirma su compromiso con el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, promoviendo una cultura organizacional orientada a la austeridad y la optimización en el ejercicio de sus funciones.