El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto del 20 de agosto de 2026, decidió librar mandamiento de pago ejecutivo en contra de la Nación, específicamente contra el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La medida responde al incumplimiento en el pago de condenas por perjuicios morales y materiales reconocidos en sentencias judiciales relacionadas con una privación injusta de la libertad.

Antecedentes y proceso

El caso se originó por una acción de reparación directa en la que se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas debido a la privación injusta de la libertad sufrida por una persona y las afectaciones a su grupo familiar. Las sentencias de primera instancia (2012) y de segunda instancia (2019) reconocieron indemnizaciones por perjuicios materiales y morales a favor de los afectados. Tras la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia en diciembre de 2019, la parte demandante presentó solicitud de pago ante las entidades condenadas en 2020. La Fiscalía General de la Nación ha cumplido con el 70 % del pago, mientras que el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional no ha realizado el pago correspondiente.

Fundamentos jurídicos y decisión

El tribunal confirmó que las sentencias judiciales constituyen un título ejecutivo, dado que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles para las entidades condenadas. Además, verificó que la demanda ejecutiva fue presentada dentro de los plazos legales y que no existe caducidad en el medio de control. Respecto a los intereses moratorios, se determinó que estos se causan desde la ejecutoria de la sentencia, con ciertas pausas relacionadas con la presentación de la cuenta de cobro. El tribunal ordenó incluir los intereses causados hasta el pago efectivo de la obligación. Por lo anterior, el tribunal libró mandamiento ejecutivo por la suma de treinta y tres millones seiscientos noventa y siete mil doscientos noventa pesos ($33.697.290), correspondiente al 30 % del capital faltante por pagar, más los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia.

Implicaciones y cumplimiento

Las entidades demandadas deberán cumplir con la obligación dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto, bajo la competencia del Tribunal Administrativo del Cauca. El mandamiento ejecutivo busca garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias y la protección de los derechos de los beneficiarios afectados por la privación injusta de la libertad. El tribunal notificará a los representantes legales de las entidades condenadas y al Ministerio Público, asegurando el debido proceso y la posibilidad de presentar excepciones dentro de los términos legales. Esta decisión reafirma la responsabilidad del Estado en casos de violaciones a derechos fundamentales y el deber de resarcir los daños causados, además de confirmar los mecanismos judiciales para hacer efectivos los pagos ordenados por las sentencias. Con esta medida, se fortalece la garantía de justicia para las víctimas y se envía un mensaje claro sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones estatales.