Antecedentes del caso

La Sociedad Promotora de Gases del Sur, operador de un gasoducto en la región, interpuso un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La demanda busca anular dos resoluciones sancionatorias que impusieron una multa de $1.430.000.000 por supuestas interrupciones en el servicio de gas en la ciudad de Popayán entre agosto y octubre de 2021. La empresa alega que no incumplió las obligaciones contractuales ni legales y que la sanción carece de fundamentación adecuada y garantías del debido proceso.

Actos administrativos y competencia

El tribunal recordó que solo son susceptibles de control judicial los actos administrativos definitivos, que ponen fin a la actuación administrativa y deciden el fondo del asunto. En este caso, las resoluciones sancionatorias de agosto de 2024 y 2025 son definitivas, por lo que pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por el contrario, otros actos expedidos en marzo y mayo de 2024, relativos a la apertura del proceso y la incorporación de pruebas, son actos de trámite y no pueden ser objeto de control judicial autónomo.

Decisión y requerimientos

El tribunal decidió rechazar parcialmente la demanda en relación con los actos de trámite y inadmitir parcialmente la demanda respecto de las resoluciones sancionatorias debido a la falta de algunos documentos probatorios esenciales. Por ello, ordenó a la parte demandante que en un plazo de diez días subsane las falencias señaladas, advirtiendo que de no hacerlo se declarará el rechazo definitivo de la demanda. Este pronunciamiento resalta la importancia de aportar la documentación completa para que el proceso judicial avance y confirma los criterios sobre la naturaleza de los actos administrativos susceptibles de control judicial en materia sancionatoria. La resolución garantiza el respeto a las garantías del debido proceso y al principio de legalidad en la actuación administrativa, asegurando que las sanciones impuestas sean objeto de un análisis riguroso y transparente. El proceso continuará una vez se cumplan los requerimientos establecidos por el tribunal.